Rajoy garantiza que «ni un solo euro» del FLA se dedicó a sufragar el referéndum del 1-O

Mariano Rajoy, durante la sesión de control al Gobierno ayer en el Congreso. :: j. c. hidalgo / efe/
Mariano Rajoy, durante la sesión de control al Gobierno ayer en el Congreso. :: j. c. hidalgo / efe

Rivera blande contra el Ejecutivo el auto que afirma que la Generalitat malversó el crédito del Estado y amenaza con pedir dimisiones

PAULA DE LAS HERAS

Madrid. Mariano Rajoy se atrevió ayer a garantizar en sede parlamentaria que «ni un solo euro» del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se utilizó para financiar el referéndum independentista del 1 de octubre. El presidente del Gobierno ni siquiera dejó abierta una rendija a la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda haya sido engañado por la Generalitat de Carles Puigdemont. «Si el juez demuestra lo contrario, dígame: ¿quién va a dimitir en su Gobierno?», replicó retador Albert Rivera, durante la primera sesión de contol del nuevo periodo de sesiones parlamentarias.

Ciudadanos ha detectado que puede sacar réditos con su discurso sobre Cataluña a costa del Ejecutivo y no está dispuesto a dejar pasar la más mínima ocasión. De ahí que, en su primera intervención en la Cámara tras las elecciones del 21 de diciembre, que convirtieron a su partido en la primera fuerza del Parlament y relegaron al PP a la condición de fuerza residual con apenas cuatro escaños, aprovechara para meter el dedo en el ojo a Rajoy con los argumentos de la Fiscalía y el juez de instrucción número 13 del juzgado de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

El juez argumentó en un auto conocido la semana pasada que la Generalitat sufragó la consulta independentista, al menos «en parte», con dinero oportado por el Estado a través del FLA, un mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno en 2012 para impedir la quiebra de las comunidades autónomas que, debido a su mala situación financiera, tenían los mercados cerrados a cal y canto. En realidad, en su escrito, Ramírez Sunyer no hacía alusión a partidas ni desvíos concretos. Simplemente, concluía que, puesto que buena parte de los ingresos de los que disponía el Gobierno autonómico venían del crédito estatal -más de 53.000 millones desde el inicio de la legislatura pasada y 7.700 sólo en 2017-, a la fuerza tuvo que detraerlos de allí.

Comprobaciones

En cierto modo, la suposición deja en mal lugar al Gobierno, que siempre se ha vanagloriado de llevar un control exhaustivo de los recursos aportados a las comunidades y, muy especialmente, a Cataluña. Aun así, el pasado jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó pillarse los dedos con una afirmación contudente que rebatiera al juez y prometió que su departamento haría las «comprobaciones pertinentes» para aclarar si, efectivamente, pese a todos sus cuidados, la Generalitat coló alguna factura. Ahora bien, dejó claro que de ser así, tuvo que falsearlas.

Lo paradójico del asunto es que el planteamiento de Ramírez Sunyer tiene beneficios para el Ejecutivo en la vía judicial (otro asunto es en la política). De hecho, el juez esgrimió que resulta «evidente» que se malversó el dinero del FLA para justificar -frente a un recurso del exnúmero dos de la consejería catalana de Economía, Josep María Jové-, que la Abogacía del Estado esté personada como perjudicada en la causa en la que se investigan los preparativos del referéndum y las presuntas irregularidades cometidas presuntamente por miembros del Gobierno catalán en torno al proceso soberanista.

Rajoy, sin embargo, se mostró categórico en su respuesta a Rivera. El jefe del Ejecutivo alegó que el dinero del FLA va «directamente» a los proveedores y que, además, «en la práctica», la Tesorería y la gestión de los pagos de la Generalitat estaban «intervenidos» desde 2015; una afirmación que hace solo unos meses habría evitado. En ese año, 2015, Hacienda obligó al Gobierno catalán a remitir certificados mensuales de sus gastos, amparándose en la ley de estabilidad presupuestaria. En julio de 2017, pasó a exigir información semanal y finalmente, en septiembre, antes de que el Senado aceptara aplicar el artículo 155 de la Constitución, Montoro se hizo con las riendas de la consejería de Oriol Junqueras en una maniobra sin precedentes.

Visiblemente molesto con Rivera, Rajoy retó a Ciudadanos a ir a los tribunales con pruebas de que el Ejecutivo fue burlado y avisó: «No se equivoque de adversarios; el problema de Cataluña no lo ha organizado el Gobierno sino los responsables de la Generalitat».

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