Rajoy destituye a la Generalitat en pleno y limita a dos meses la intervención de Cataluña

No se esperaba que el Consejo de Ministros, en su primera reunión para resolver sobre la aplicación de las medidas al amparo del 155, fuera a fijar los comicios autonómicos en menos de dos meses. Si el PSOE trasladó en público su confianza en que las elecciones pudieran celebrarse en enero, Rajoy sostenía que «cuanto antes», en un plazo máximo de seis meses, cuando la vuelta a la «normalidad» estuviera garantizada.

Desde hoy mismo, cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno tiene 54 días para restaurar esa normalidad. Un periodo acotado que garantiza una intervención limitada en el tiempo y ayuda, apuntan en el Ejecutivo, a ver un horizonte. «Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma y el Gobierno no quiere dilatar ni un minuto más esa tarea, por eso he decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales», argumentó el presidente horas después de que el Senado le autorizara a tomar el control de la administración catalana.

«Creemos que es una buena manera de restaurar la legalidad sin dilación y retornar al estado natural de las cosas», añadieron en su equipo. Pero además, desde el punto de vista político, resulta relevante que tras cesar a Puigdemont, la primera decisión que adopta Rajoy sea la de llamar a las urnas, una potestad que hasta ayer mismo recaía en exclusiva en el presidente de Cataluña.

De hecho, las fuentes consultadas en el Gobierno, apuntan que el mensaje va dirigido al presidente catalán por no haberse atrevido a dar el paso de fijar una fecha para los comicios y haber permitido que el independentismo procediera a declarar la independencia. «El presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y convocar elecciones. Es lo que le pedía la gran mayoría de la sociedad de Cataluña y no quiso hacerlo», reprochó Rajoy.

La propuesta del 21 de diciembre, que siempre dependió de la decisión última del presidente, encontró el respaldo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Fuentes socialistas concedieron que la jugada había sido «brillante» y que proyectaba una imagen «seria» de España en el exterior. En cuanto a los liberales, el propio Rivera había reclamado esta semana unas elecciones «neutrales» en el corto plazo y que el Estado garantizara que el proceso electoral iba a poder desarrollarse de manera limpia.

«Lo que está por venir no es sencillo», advierten en todo caso fuentes de la dirección nacional del PP. El Gobierno procedió ayer a destituir a todo el Gobierno de la Generalitat, su personal de confianza, el director general de la Policía autonómica, los delegados del Ejecutivo catalán en Bruselas y Madrid y el cierre de las embajadas de Cataluña en el exterior, salvo la de la Unión Europea. Esto significa que los ministerios asumen directamente la gestión del día a día de las consejerías. Pero también que el Gobierno puede tener que hacer frente a situaciones conflictivas.

A la posibilidad de no reconocimiento por parte del independentismo de la convocatoria electoral, se suma la duda de si Puigdemont y su Gabinete querrán permanecer en sus despachos. Llegados a ese punto, esa muestra de resistencia, que según fuentes del PDeCAT podría darse, el Ejecutivo la considera casi «anecdótica», aunque subraya que podría derivar en una «usurpación de funciones».

Fuentes gubernamentales insisten en que se actuará con sentido común, sin entrar en «el juego de tener que expulsarlos». Al fin y al cabo, recuerdan que una vez cesados no tienen ni sueldo ni capacidad para firmar órdenes. Y creen que el funcionariado es consciente de que desde mañana seguir instrucciones de antiguos dirigentes podría conllevar sanciones disciplinarias.

Lo que más inquieta al Gobierno de Rajoy es que puedan desencadenarse incidentes en las calles. «Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia y serenidad», reconoció el presidente. Ahora, el siguiente paso será recurrir el lunes ante el Tribunal Constitucional la declaración de independencia, un «acto delictivo», según las palabras que pronunció el jefe del Ejecutivo antes de abandonar ayer el Senado.