Rajoy convoca el pacto antiterrorista para escenificar la unidad política tras el fin de ETA

De manera calculada, el Gobierno quiso dotar ayer a la declaración del presidente en el Palacio de la Moncloa de la máxima solemnidad. Se convocó a los medios de comunicación en el Salón de Tapices a la misma hora que en la localidad vascofrancesa de Cambo se escenificaba el fin de ETA. Y, acompañado por su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, Rajoy sentó las bases del relato que espera se construya tras la disolución de la banda: «La historia del fracaso de la violencia frente a la grandeza de la democracia».

En el ánimo del Ejecutivo estaba desterrar la posibilidad de que ETA fuera ayer la «protagonista». Ese lugar lo reservó Rajoy para quienes sufrieron el terror de la banda. Fuentes gubernamentales no descartaron que en los próximos días se organice un acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. «No es sólo una cuestión de humanidad -defendió el presidente-, sino de democracia porque ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas».

Pero el discurso que hiló en tono institucional contuvo también una mención especial a la sociedad, al «compromiso» de la Corona, a las fuerzas de Seguridad del Estado e incluso a sus propios antecesores en la Moncloa. «Los presidentes del Gobierno que me han precedido, todo ellos -reconoció-, se desvivieron en la lucha contra el terrorismo, todos sufrieron la misma indignación y el mismo dolor ante tantos atentados, y quiero decirles públicamente a ellos y a quienes fueron sus ministros de Interior que esta jornada también es de ellos».

«Es un discurso de altura», subrayaron fuentes del entorno del presidente. Desde luego fue una intervención con voluntad de enterrar las discrepancias del pasado, porque no siempre resultó sencillo que la oposición cerrara filas con el Gobierno. Es cierto que en el 2000, el Ejecutivo de José María Aznar y el PSOE suscribieron el pacto antiterrorista, que recogía el compromiso de dejar la estrategia contra ETA fuera de la «confrontación política y electoral». Pero el acuerdo llegó a atravesar momentos de alta tensión, sobre todo durante la legislatura de 2004 a 2008, cuando el PP se opuso a los contactos con la banda y Rajoy llegó a reprochar en el Congreso a José Luis Rodríguez Zapatero haber «traicionado a los muertos».

Pese a la desconfianza mutua, sin embargo, el pacto nunca se rompió. «Fue una respuesta firme para actuar como nación en momentos de intenso dolor de la sociedad», defendió ayer el jefe del Ejecutivo, que tiene la intención de volver a convocarlo ahora para visualizar una nueva imagen de «unidad».

Fuentes de la Moncloa aseguran que no tiene por qué ser más complicada la gestión del final de ETA de lo que fue la lucha antiterrorista. Pero no será sencillo alcanzar un consenso. En primer lugar, algunas formaciones acuden a los encuentros del pacto tan sólo como «observadoras». Es el caso de Podemos, PNV y los independentistas catalanes, que han asistido a las algunas de las últimas cumbres antiyihadistas sin firmar el documento. Pero, además, tampoco está garantizado el acuerdo sobre cómo proceder tras la disolución de la banda.

El Ejecutivo ya ha dejado claro que, tras seis años y medio sin haber cambiado un ápice la política de dispersión de los reclusos de ETA, no encuentra motivos para favorecer ahora un acercamiento a cárceles próximas al País Vasco. «El Gobierno no va a modificar su política penitenciaria», confirmó Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros, pese a que el lehendakari, Iñigo Urkullu, asegura haber visto a Rajoy «sensible» a las demandas de los nacionalistas en esta materia.

El portavoz del Gobierno, sin embargo, está convencido de que la forma de actuar del presidente ha resultado útil puesto que ha desembocado en la desaparición definitiva de la organización. «Y si los pasos que hemos dado han sido los correctos -defendió- seguiremos dando los pasos que creamos correctos».

Si es algo que pueda revisarse, se verá con el tiempo. Desde luego, existen distintas sensibilidades: el PSOE es partidario de darle una vuelta a la política penitenciaria y Ciudadanos se cierra en banda a poner fin a la dispersión. Por ahora, el Gobierno encuentra en la reinserción de cada preso «caso a caso» la única vía a recorrer en el corto plazo. Esa y la de garantizar que se cumplirán las condenas y nunca habrá «impunidad» para los crímenes de ETA.