Rajoy advierte a los ayuntamientos catalanes de la ilegalidad del referéndum

El Gobierno envía cartas a los consistorios ante el intento de la Generalitat de «descargar» en ellos la organización de la consulta

N. VEGA

madrid. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido advertir, vía postal, a los 947 ayuntamientos, las cuatro diputaciones y los consejos comarcales de Cataluña contra el referéndum unilateral convocado por la Generalitat para el 1 de octubre. Las cartas empezaron a enviarse el lunes por la tarde y ayer la secretaría de Estado de Administraciones Territoriales terminó de dirigirse a los principales consistorios de la comunidad autónoma. En el texto el Ejecutivo recuerda «la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria, así como a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional».

Roberto Bermúdez de Castro, número dos de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en lo que concierne a los territorios, es quien firma la misiva que este martes comenzó a llegar a los 1.500 funcionarios. A este colectivo apela el Gobierno para intentar frenar todo tipo de colaboración de las entidades locales con los preparativos de la consulta independentista.

El Ejecutivo está convencido de que «la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización del referéndum». Entre las tareas que detecta como susceptibles de ser transferidas a los consistorios señala la formación del censo, la determinación del número de mesas electorales, la reserva de lugares públicos para los actos de campaña, la designación de locales para la votación e incluso el almacenamiento del material necesario. Fuentes de la Moncloa insisten en que bloquear todas estas actividades podría acabar impidiendo la consulta sin necesidad de recurrir a la fuerza.

De ahí la importancia de la advertencia. El Gobierno sostiene que el referéndum de Carles Puigdemont atentaría contra seis artículos de la Constitución y dos del Estatuto de Autonomía, como quedó establecido en una sentencia y dos autos del Tribunal Constitucional. «Recabamos su colaboración para asegurar su cumplimiento en la entidad local en la que usted presta sus servicios, así como para preservar el adecuado destino de los fondos públicos», emplaza Bermúdez de Castro.

El departamento de Sáenz de Santamaría ofrece, además, su «apoyo» a los funcionarios frente a las «dudas o incertidumbres» que les puedan surgir en los próximos meses. El Ejecutivo, que el pasado sábado ya acusó al presidente catalán de utilizar a los ayuntamientos, recomendó en su día a los empleados públicos solicitar por escrito todas las órdenes que sean susceptibles de vulnerar la legalidad.

Fotos

Vídeos