Puigdemont renuncia a ser presidente y señala a Sànchez como su sucesor

El expresidente de la Generalitat, huido a Bruselas desde hace cuatro meses, no abandona la política. Lo anunció ayer a través de un vídeo colgado en las redes sociales, después de que la Cámara catalana aprobara una resolución que le reivindica como presidente legítimo. Puigdemont, dos meses después de las elecciones, que ganaron las fuerzas secesionistas, se aparta «provisionalmente», pero se reserva el papel de presidente simbólico en el exilio, desde donde trabajará para «hacer realidad» la república proclamada el pasado 27 de octubre en la Cámara catalana. «Ratifico mi voluntad de mantener la legitimidad de la república», afirmó.

El esquema institucional que Puigdemont pone sobre la mesa es el de dos gobiernos paralelos. El convencional, el de la Generalitat, que estará presidido, si sale elegido, por Jordi Sànchez, y una segunda sede, en Bruselas, que pilotará el expresidente. El líder de JxCat anunció que en los «próximos días» convocará a los diputados del Parlamento catalán -a los secesionistas- a una «reunión solemne para establecer el 'consejo de la república'», el organismo que los independentistas se han sacado de la manga para permitir a Puigdemont seguir manteniendo un papel activo, pero sin necesidad de regresar a España, pues sería detenido automáticamente.

El expresidente de la Generalitat hubiera deseado que le invistiera el Parlamento catalán, pero la negativa de Esquerra a saltarse los avisos del Constitucional, le ha obligado a pergeñar un 'plan B', una salida airosa, desde la que se propone «liderar el camino hacia la independencia efectiva» de Cataluña. Esta especie de ejecutivo en el exilio, según Puigdemont, estará en «estrecha colaboración con el gobierno interno» para «culminar el proceso constituyente» y actuará en el ámbito de la defensa de los derechos de los independentistas y la internacionalización de la causa catalana. En este sentido, el expresidente anunció que ya ha presentado una demanda ante las Naciones Unidas contra el Estado español pues cree que se han violado sus derechos humanos.

Fuentes republicanas señalaban ayer que la cuestión del proceso constituyente es uno de los elementos por los que aún no se ha cerrado el acuerdo entre las fuerzas secesionistas, ya que Esquerra y la CUP son partidarias de que esa tarea se realice en Cataluña, bajo la dirección del Gobierno autonómico, y no del de Bruselas, como pretende Puigdemont. El otro punto que encalla el pacto, según los republicanos, es que el expresidente no quiere ceder poder al futuro mandatario de la Generalitat. Puigdemont recalcó ayer que el Gobierno catalán será de corte «autonómico», pues su idea es que gestione el día a día, pero las decisiones de calado sobre el proceso se las reserva para el 'consejo de la república', lo que no acepta ERC. Tras el paso al lado, es muy probable que las conversaciones entre los secesionistas adquieran otra dinámica más constructiva.

La elección de Jordi Sànchez, aunque los secesionistas la desean inminente, no desbloquea la investidura. El expresidente de la ANC está en prisión y debe pedir permiso al juez del Supremo, Pablo Llanera, para poder asistir a la sesión parlamentaria. Hay un precedente, el caso Yoldi, en 1987, pero Llanera hasta la fecha no ha dado permiso a ninguno de los encarcelados por el proceso catalán cuando han solicitado su asistencia a un pleno.

El abogado del dirigente nacionalista desveló días atrás que su cliente pedirá la libertad para poder asistir a la sesión de investidura. «Si después tiene que volver a la prisión, ejercerá como presidente de la Generalitat desde la cárcel», dijo. La elección de Sánchez, por tanto, no está en absoluto garantizada. Por ello, JxCat y ERC trabajan con un 'plan B' llamado Jordi Turull, que podría tener problemas si fuera inhabilitado por la causa que tiene pendiente. El objetivo de Puigdemont, y de los independentistas, no es otro que mantener el pulso con el Estado. «No nos rendiremos», dijo. Puigdemont reconoció que la candidatura de Sànchez no está exenta de «dificultades». No solo por lo judicial, sino también por razones políticas, pues el apoyo de la CUP no está asegurado.