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Puigdemont. Reuters | Vídeo: Atlas

Puigdemont y cuatro exconsellers confirman su plante a la Audiencia

Señalan en un comunicado que permanecerán en Bélgica para «denunciar ante la comunidad internacional» lo que consideran «un juicio político» y emplazar a Europa a la «búsqueda de una solución dialogada al conflicto»

MATEO Balín / agencias

La Haya

Miércoles, 1 de noviembre 2017, 10:14

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El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers han confirmado este miércoles a través de un comunicado que no acudirán a declarar ante la Audiencia Nacional este jueves ante la "ausencia de garantías del sistema judicial español" y permanecerán en Bélgica para "denunciar ante la comunidad internacional" lo que consideran "un juicio político" y emplazar a Europa a la "búsqueda de una solución dialogada al conflicto".

El texto aclara que Puigdemont y los consellers que se encuentran en Bélgica no pretenden "en ningún caso" eludir la justicia, y afirma que responderán a las citaciones -que recuerda que han recibido en un breve plazo- según los mecanismos previstos por la Unión Europea, que no detalla.

La incomparecencia de Puigdemont podría llevar a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que se ha hecho cargo de la investigación contra el expresident y los 13 exconsellers, a enviar una orden europea de detención a la justicia belga para una futura extradición a España.

Previamente, Paul Bekaert, el abogado belga del expresidente catalán, ha afirmado que su cliente no tiene pensado ir a la Audiencia Nacional, pese a que ha sido citado como investigado para este jueves, y ha propuesto que declare en Bélgica, donde se encuentra actualmente. "No va a ir a Madrid (...) pero puede ser interrogado aquí, está previsto legalmente", ha declarado a la agencia AP el abogado, que ha recordado que de momento no se ha emitido ninguna orden de arresto contra Puigdemont

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus 12 exconsejeros ya tienen día y hora para comparecer como investigados en la Audiencia Nacional. Será este jueves a las 9 de la mañana, después de que la juez Carmen Lamela admitiese ayer la querella de la Fiscalía por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra todo el Govern. Les acusa por haber promovido el proceso independentista en Cataluña. Sin embargo, el expresidente de la Generalitat de Cataluña "no irá a Madrid" mañana porque su abogado cree que su cliente "no tendrá un juicio justo" en España, según unas declaraciones que hace dicho letrado al diario holandés NOS. Según Bekaert, la estrategia de defensa se centrará en impugnar cualquier hipotética petición de extradición que pueda presentar España.

Puigdemont ya hizo unas breves declaraciones anoche a los periodistas que le esperaban a su salida del hotel donde se ha hospedado. Dijo que no había recibido ninguna citación para declarar el jueves y viernes en la Audiencia Nacional, y que ha sabido la noticia por la prensa. Este miércoles, el expresident ha realizado unas declaraciones a través de su perfil de Twitter, donde afirma que "a un mes del referéndum catalán del 1 de octubre, a pesar de las amenazas pasadas y presentes seguimos trabajando. Orgullo de Pueblo" en un mensaje acompañado por una urna de plástico del 1-O.

El expresident no ha hecho ninguna referencia ni a la cita con la Audiencia Nacional ni a sus planes de permanecer en Bruselas, aunque el eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras ha señalado que se quedará "una temporada" en Bruselas y que "si está citado para declarar, puede hacerlo desde Bélgica". "Sé simplemente que tiene la intención de quedarse una temporada en Bruselas. No sé nada más, depende de como evolucionen las cosas. Seguro que no serán 2 ó 3 días, será algo más", ha afirmado el europarlamentario, uno de los tres representantes de la cámara europea que acompañaron este martes a Puigdemont en su rueda de prensa en Bruselas.

Medidas cautelares

La juez Lamela ha habilitado también el viernes para las declaraciones y ha aceptado la celebración de la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal.

Además de las citaciones, Lamela acuerda fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en el plazo de tres días desde su notificación. La juez ordena también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

En su auto, Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional, tal y como recoge el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las competencias de este tribunal.

Lamela recuerda que esta fase inicial, de admisión de una querella, no constituye todavía un acto de imputación judicial y que sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas para los delitos imputados, se trata exclusivamente “de establecer en primer lugar si, a los efectos de admisión a trámite de la querella puede ser exclusivo el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada”.

Una estrategia organizada

Teniendo en cuenta estas dos condiciones, Lamela concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas ( ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre”.

La juez considera que la querella del fiscal expone de manera “seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”. Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por el Ministerio Público.

La magistrada explica en su escrito que procede incorporar la querella a la causa donde ya se investiga por sedición a los presidentes de ANC y Ómnium, teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora investigados “se encuadran dentro de todo el proceso secesionista y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados”.

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