Puigdemont ignora su cese y llama a la resistencia pacífica

Puigdemont en su intervención de ayer. :: reuters/
Puigdemont en su intervención de ayer. :: reuters

El expresident anuncia en la televisión pública catalana que seguirá con su trabajo para consolidar la república independiente

CRISTIAN REINO

Carles Puigdemont mantiene el pulso. El destituido presidente de la Generalitat compareció ayer, un día después de que la Cámara catalana proclamara la república independiente y de que el Gobierno despidiera a todo el Ejecutivo autonómico y convocara elecciones, para transmitir dos mensajes. Por un lado, quiso dejar claro que no se considera cesado y, por otro, llamó a la ciudadanía a la resistencia pacífica para defender las instituciones del autogobierno.

Ni el Gobierno catalán ni los partidos soberanistas quisieron valorar el viernes la decisión de Mariano Rajoy. «Calma» fue la consigna en el independentismo. Pero Puigdemont tuvo que salir ayer a dar una explicación a un independentismo desconcertado. No aclaró el futuro más inmediato, aunque dio alguna pista. De entrada, mostró su «voluntad de continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos» del referéndum del 1 de octubre. La Cámara catalana, con el apoyo del 51% de sus diputados, declaró el viernes la independencia e instó al Gobierno catalán a iniciar el proceso constituyente y a hacer efectiva la secesión. Esa es la tarea que tiene el soberanismo por delante si es que apuesta, como parece, por ir hasta el final, a pesar de que desde el punto de vista legal ya no tiene el poder. Aunque sí lo tiene a ojos de los soberanistas, que solo aceptan la legalidad que emana de la recién proclamada república, que no ha reconocido nadie hasta la fecha.

Por ello, Puigdemont ignoró que ya no es lo que era y firmó su declaración institucional como presidente de la Generalitat, informó de su intervención desde la Oficina de Comunicación de la Consejería de la Presidencia, membrete oficial incluido, y compareció desde las escaleras de la Delegación de la Generalitat en Girona.

El Gobierno catalán cesado tiene previsto volver a la 'normalidad' mañana

El desafío podía haber sido mayor, pero el destituido jefe del Ejecutivo catalán evitó grabar su discurso en el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, como es habitual porque podría haber incurrido en un delito de usurpación de funciones, que se añadiría al de rebelión y/o sedición, cuya querella ultima la Fiscalía para mañana. «Son los parlamentos los que eligen o cesan a los presidentes», afirmó en su discurso.

Puigdemont podría instalarse en la desobediencia, a pesar de que piezas clave de su Ejecutivo, como el director general de los Mossos o el mayor del cuerpo policial hayan acatado a las primeras de cambio su despido. Sus consejeros ratificaron las intenciones de su jefe, y Toni Comín, exconsjero de Salud, y Jose Rull, de Territorio, también expresaron su voluntad de continuar en el cargo.

El escenario que plantea Puigdemont está cargado de incertidumbres, rasgo característico de la política catalana en estos meses. El expresidente de la Generalitat pretende hacer efectiva la independencia, cuyos primeros pasos serían poner en marcha el proceso constituyente y tomar el control del territorio, con la dificultad añadida de que ha perdido el control sobre los Mossos.

De ahí que el independentismo siga confiando en la gente. «No hay que subestimar la fuerza del pueblo de Cataluña», dijo Puigdemont hace un mes y ayer volvió a apelar a la ciudadanía de Cataluña para que haga una «defensa» de la república. «La mejor manera para defender las conquistas alcanzadas -subrayó- es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155», y «debemos hacerlo sin abandonar nunca una conducta cívica y pacífica».

Los exconsejeros tratará de regresar mañana a sus despachos como si fuera un día normal y será el momento para ver en qué términos se plantea este nuevo pulso con el Gobierno de Rajoy. Y es que está por ver qué tipo de defensa de las instituciones de autogobierno propone el secesionismo. Las continuas apelaciones al civismo y al pacifismo dejan entrever que desde el alto mando independentista se temen, porque se prevén, situaciones similares a las del 1 de octubre, que dejaron más de mil heridos leves o contusionados por las cargas policiales. De momento, las plataformas soberanistas, que se han puesto al servicio del presidente de la Generalitat, la consigna que trasladaban a su militancia era que «guardara energías» porque se avecinan días de lucha. Para empezar, las organizaciones sindicales soberanistas han llamado a la huelga toda la semana que viene, y en la récamara están los aún no anunciados actos de resistencia para evitar que el Gobierno controle la administración catalana hasta el 21 de diciembre.

Asamblea de Cargos Electos

El otro mecanismo de defensa que maneja el secesionismo es la Asamblea de Cargos Electos. La ANC acaricia desde hace tiempo la idea de contar con un parlamento paralelo en el que participarían los diputados secesionistas de la Cámara catalana, de las Cortes de España, del Parlamento Europeo y los alcaldes y concejales, pero ese foro estaba pensado para declarar la independencia. Con la república ya proclamada, su labor consistiría en asumir la máxima representación institucional de Cataluña «para completar el proceso de independencia, la confección, aprobación y sanción de las normas jurídicas de la nueva legalidad y la convocatoria de elecciones constituyentes», según el programa de la ANC. «Ha llegado el momento de la asamblea de cargos electos», animó el presidente de la ANC desde la prisión.

El destituido gabinete de Puigdemont tenía previsto reunirse hoy sin luz ni taquígrafos y no se descartaba que convocara unas elecciones «constituyentes» para finales de año en respuesta a las del 21-D, pero no hizo mención alguna a los comicios en su alocución, pero tampoco a las autonómicas convocadas por Rajoy ni a otras alternativas. Es un tema aún verde, que las fuerzas secesionistas empezarán a encarar este lunes en las reuniones de sus órganos de dirección, pero ya existe un duro debate interno sobre si dan legitimidad o no a la cita electoral del 21-D. Si lo hacen, estarán asumiendo por la vía de los hechos el fin de la república. Pero si las boicotean, como podría hacer la CUP, dejarán el control absoluto de la Cámara para varios años a los grupos constitucionalistas.

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