Puigdemont se guarda la carta del adelanto electoral a partir del 27 de octubre

Torra se dirige al Parlamento de Cataluña en el debate de investidura de ayer. :: Juan Medina / reuters/
Torra se dirige al Parlamento de Cataluña en el debate de investidura de ayer. :: Juan Medina / reuters

El expresidente va a mantener el doble pulso que ha librado estos siete meses con el Estado y sus socios independentistas

RAMÓN GORRIARÁN

madrid. Carles Puigdemont no ha dicho su última palabra con la imposición de su candidato. Se guarda la carta del adelanto electoral a partir del 27 de octubre. Está decidido a mantener el pulso con el Estado porque no tiene nada que perder. Sabe, según declaró al diario británico 'The Times', que si la independencia de Cataluña no cristaliza le aguardan «décadas de cárcel» o «muchos años en el exilio».

Mariano Rajoy convocó las últimas elecciones catalanas el pasado 27 de octubre y a partir de ese mismo día de este año el presidente de la Generalitat podrá hacer lo propio. Ese escenario, apuntan en JxCat, es el que más atrae a Puigdemont, que no esconde que el candidato vicario las convocará a partir de esa fecha «si el Gobierno español sigue con la persecución». Lo dijo ayer en declaraciones al diario italiano 'La Stampa' y Torra lo refrendó en su discurso en el debate de investidura.

En los planes del expresidente no tiene cabida que dentro de pocas semanas es probable que esté inhabilitado por su procesamiento en la causa del 'procés' que se instruye en el Supremo o que la justicia alemana haya dictaminado su entrega a España. El objetivo, ha reconocido él mismo en las reuniones con sus diputados en Bruselas y Berlín, es alargar el enfrentamiento con el Estado para que desista y negocie.

Tras las elecciones del 21 de diciembre, Puigdemont sentenció que «España tiene un pollo de cojones» con los resultados que situaron a su candidatura una sorprendente segunda posición, pero primera entre los independentistas. A partir de entonces, redobló el desafío que comenzó tras su rocambolesca fuga del 30 de octubre. Desde su pedestal de líder indiscutido del secesionismo, ha buscado, por un lado, el cuerpo a cuerpo con Rajoy con la internacionalización del conflicto y, por otro, ha impedido que los secesionistas decidieran nada sin su visto bueno aunque el coste haya sido alargar la intervención de la Generalitat y el bloqueo político para enfado de Esquerra y el PDeCAT.

Partida de ajedrez

Ha jugado en estos meses una partida de ajedrez con el juez Pablo Llarena. Puigdemont se ha movido por Bélgica, Dinamarca, Suiza y Finlandia hasta acabar con la detención y liberación en Alemania. El instructor ha respondido con activaciones y paralizaciones de la euroorden de busca y captura. Ahora el jaque mate se acerca, falta por ver si se decanta del lado del Supremo con la entrega a España o favorece a Puigdemont si el tribunal alemán se desentiende de la petición de Llarena.

Sea el que sea el desenlace, seguirá al frente del movimiento secesionista desde una cárcel en España o desde el Consejo de la República que constituirá algún día en Waterloo. Su posición es precaria, pero nadie entre los suyos ha querido aparecer por temor a la respuesta del universo independentista como el traidor que descabalga al líder para colocar a otro más posibilista y sin un futuro judicial amenazado. Ni Esquerra ni el PDeCAT, su partido, comparten su estrategia y defienden la formación de un Gobierno que normalice la relación con el Estado mientras el soberanismo ensancha su base social. En ese enfoque Torra es un cuerpo extraño porque ha dejado claro que su misión es impulsar un 'procés' bis teledirigido desde Bélgica o Alemania. Pero han mirado para otro lado con la designación del testaferro.

Puigdemont conoce las reticencias pero las ignora porque se siente intocable. No quiere estar condicionado por los republicanos ni siquiera por los neoconvergentes, pretende articular un movimiento secesionista de amplio espectro sin ataduras partidarias y con un solo objetivo, la república catalana.

La tregua implícita que le ha ofrecido Rajoy al no impedir la investidura de Torra -podía haberla frustrado con un recurso al Constitucional contra el voto delegado del expresidente y del exconsejero Antoni Comín- no encaja en su estrategia de confrontación con el Estado. «Su majestad Puigdemont», como bromea con un pellizco de amargura un diputado del PDeCAT, ha decidido que la investidura de Torra sea un paréntesis para recuperar las instituciones catalanas despojadas de la tutela del artículo 155 y tener así en su mano la llave para convocar las elecciones dentro de cinco meses.

Una reacción muy distinta a la que tuvo el 31 de enero, cuando Rajoy frustró su investidura con un recurso ante el Constitucional para impedir que fuera elegido a distancia y el presidente del Parlamento, el republicano Roger Torrent, accedió a suspenderla. Entonces intercambio unos mensajes con su compañero Antonio Comín: «Esto ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado». Ahora no, aunque prefería que no hubiera investidura y votar de nuevo el 15 de julio, ha decidido que la elección de su delegado sea una oportunidad para ahondar el conflicto y buscar la recompensa de los suyos en unas elecciones antes de fin de año.

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