Puigdemont elimina trabas para la consulta con la salida del jefe de los Mossos d'Esquadra

El destituido Jordi Jané y el dimitido Albert Batlle en un imagen de 2015. :: Toni Albir/EFE/
El destituido Jordi Jané y el dimitido Albert Batlle en un imagen de 2015. :: Toni Albir/EFE

Batlle dimite por «razones políticas» a 75 días del referéndum y es relevado por un soberanista radical

CRISTIAN REINO BARCELONA.

La destitución del director general de los Mossos d'Esquadra estaba cantada, pero Albert Batlle se adelantó con su dimisión para dejar constancia de su desacuerdo con la línea adoptada por Carles Puigdemont. Era cuestión de tiempo que el hasta ayer jefe de la policía catalana, antiguo dirigente socialista, moderado y muy alejado del perfil incondicional que busca Puigdemont para su equipo, fuera relevado. Su salida, en teoría, sortea uno de los obstáculos para la celebración de la consulta porque con Batlle los 'mossos' no iban a colaborar.

Se trata de una dimisión, pero Batlle tenía el adiós redactado desde que afirmó en febrero en TVE que a los Mossos d'Esquadra no les temblaría el pulso y detendrían a Carles Puigdemont o a Carme Forcadell si un juez así lo ordenaba. «Hay que cumplir con la legalidad», advirtió. Una frase que puede ser obvia en un jefe policial, pero que en el contexto catalán suponía un aviso al Gobierno catalán de que hay líneas rojas que no se pueden atravesar.

La destitución de Jordi Jané como consejero de Interior, moderado como él, le dejó el viernes pasado sin parapeto ante un Ejecutivo que no quiere en sus filas a voces discordantes. Batlle alegó «motivos políticos» para su renuncia y para que no hubiera dudas de su desacuerdo. Le sustituye el convergente Pere Soler (abogado y nacido en Terrasa en 1967), que fue director general de Prisiones con Artur Mas, y es un reconocido independentista.

A su cargo estarán 17.000 agentes, cuyo papel será clave en el referéndum, una cita ante la que tendrán un dilema: obedecer las órdenes judiciales y respetar la ley española que han prometido defender o seguir las instrucciones que transmitan desde la Consejería de Interior o del Palau de la Generalitat y que irán en sentido contrario. El 1-O podrían darse unas cuentas situaciones muy delicadas para los 'mossos', desde tener que requisar urnas (o negarse), cerrar colegios (o no), detener a dirigentes soberanistas o en un caso extremo no acatar (o sí) una eventual toma del control del cuerpo por parte del Gobierno central en caso de intervención de la autonomía.

Batlle, que empezó como concejal socialista en Barcelona, donde permaneció 20 años, era demasiado tibio para dirigir en esta etapa un cuerpo como el de la Policía catalana, que a partir de ahora estará más supeditada al presidente de la Generalitat, que suspira por un cuerpo comprometido con el proceso y no como un organismo imparcial, como mantenía Batlle.

El último alto cargo del Ejecutivo catalán devorado por el proceso por su poca pureza secesionista, fue director general de Prisiones y estuvo en la Oficina Antifraude de Cataluña, se despidió ayer de los mandos policiales con una carta, que incluía una petición para que los 'mossos' continúen trabajando «como siempre, con escrupuloso respeto y sujeción a la ley».

Las injerencias políticas en el cuerpo no son una novedad y, sin ir más lejos, el nombramiento en abril de Josep Lluís Trapero como «mayor» de la Policía catalana, el cargo de más alto rango en el cuerpo, estuvo rodeada de polémica porque el verano pasado Puigdemont y Trapero fueron fotografiados juntos, compartiendo mesa, mantel, paella y guitarra en la casa de la tertuliana Pilar Rahola en Cadaqués (Girona), junto a otros miembros de la 'jet set' secesionista, como Joan Laporta.

Sexta baja

La salida de Batlle es la sexta baja en el Gobierno de Puigdemont en dos semanas muy convulsas para el soberanismo, que intenta fortalecerse de cara al 1-O, pero al mismo tiempo achica el campo independentista, pues los dudosos ya no tienen cabida. «Los soldados del PDeCAT están dispuestos a todo por el referéndum», afirmaron ayer desde la formación nacionalista. El primer damnificado fue el titular de Empresa, Jordi Baiget, que cayó fulminado, tras mostrar reservas respecto al referéndum y temer por su patrimonio personal. Tras Baiget, cuyo despido generó un enfrentamiento entre Puigdemont y su partido, Junqueras impuso la destitución de otros cuatro convergentes: Neus Munté (Presidencia), Jordi Jané (Interior), Meritxell Ruiz (Educación) y Jordi Vidal de Ciurana como secretario del ejecutivo. Todos ellos fueron relevados por perfiles mucho más rupturistas, especialmente el nuevo consejero de la Presidencia, Jordi Turull, y la de Educación, Clara Ponsatí. Una crisis de Gobierno que ha tranquilizado a Puigdemont y Junqueras en su voluntad de buscar el máximo de tensión para forzar una reacción del Ejecutivo central, que les permitiera salir del escollo en el que se encuentran, pero que no cierra la crisis en el soberanismo.

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