Puigdemont dice ahora estar dispuesto a aplazar el 1-O si Rajoy negocia la consulta

Puigdemont abandona el hemiciclo la semana pasada tras aprobar la ley de Transitoriedad. :: t. albir / efe/
Puigdemont abandona el hemiciclo la semana pasada tras aprobar la ley de Transitoriedad. :: t. albir / efe

Insiste en que seguirá con los preparativos del referéndum aunque le inhabiliten los tribunales españoles

CRISTIAN REINO

barcelona. En el día después de la manifestación independentista de la Diada, que reunió a cientos de miles de personas a favor de la secesión (entre 350.000, según la Delegación del Gobierno, y un millón, según la Guardia Urbana), el Ejecutivo catalán reiteró ayer su determinación con el referéndum y aseguró que el próximo 1 de octubre se podrá votar en todas las localidades catalanas. El secesionismo considera que la movilización del 11-S fue un clamor, masiva y ejemplar, y no quiso entrar a valorar por qué acudió menos gente que otros años. Eso sí, los independentistas creen que la sexta gran manifestación consecutiva avala y refuerza su vía unilateral y considera que desmiente la idea de que el independentismo es un «suflé», según expresó el presidente de la Generalitat.

Carles Puigdemont, no obstante, quiso ayer lanzar una última oferta de diálogo a Mariano Rajoy, cuando solo faltan tres semanas para la consulta y su celebración es toda una incógnita, pues el Gobierno central también insiste en que hará todo lo que esté en su mano para impedir la votación. Puigdemont incluso se mostró dispuesto a aplazar el referéndum entre uno y dos años, en línea con la propuesta que hizo la ANC durante la Diada, siempre y cuando Mariano Rajoy se avenga a negociar los términos de la consulta. «Si Rajoy quiere reunirse conmigo para llegar a un acuerdo (sobre la consulta), que me llame y nos veremos mañana mismo», dijo. «Cuando quiera y donde quiera y hasta el último minuto», remarcó.

El dirigente nacionalista afirmó que su «propuesta prioritaria» es llegar a un acuerdo sobre el referéndum, negociando las condiciones y la fecha, pero a su juicio «Rajoy no quiere hablar» y «se olvida del rol principal de un presidente del Gobierno que es liderar propuestas políticas y buscar soluciones». Está por ver qué recorrido tiene la pequeña ventana que ha abierto el independentismo de aquí al 1-O, ya que el tiempo apremia y el choque de trenes está en marcha.

¿Lavado de imagen?

Y está por ver también si la oferta es sincera y está buscando una salida honrosa, viendo que es muy complicado que se celebre el referéndum vinculante que ha prometido, o si de lo que se trata es de enviar un mensaje a la opinión pública internacional, señalando a Rajoy como el culpable del conflicto, por su negativa a dialogar, y justificar así la vía unilateral del Ejecutivo autonómico. Podría tratarse de una operación de lavado de imagen del bando secesionista, que ha quedado algo tocado después de las jornadas parlamentarias de la semana pasada, en las que la Cámara catalana aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, haciendo saltar por los aires todos los derechos de la oposición y dejando una imagen poco edificante.

El delegado del Gobierno en Cataluña, en cualquier caso, calificó la disposición de Puigdemont de aplazar el referéndum «uno o dos años» de «titular de portada internacional» y así lo trasladó al Gobierno central. Y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, intuyó tras el ofrecimiento una «estrategia de comunicación» encaminada a matizar toda «imagen de radicalidad».

En realidad, el presidente de la Generalitat dio ayer una de cal y otra de arena. Y es que, al mismo tiempo que se mostró dispuesto a sentarse a hablar con Rajoy, advirtió de que la consulta es imparable y que, aunque le inhabiliten, acudirá a su despacho para continuar con los preparativos de la consulta. Un aviso que lleva días haciendo. El domingo, en el discurso institucional de la Diada, aseguró que solo el Parlamento de Cataluña puede inhabilitarle. «No hay otra instancia judicial o política que pueda hacerlo», dijo.

En la misma línea, Oriol Junqueras avisó ayer de que las inhabilitaciones no impedirán que haya urnas. El vicepresidente anunció que las papeletas censales llegarán a los ciudadanos en los próximos días y que se votará con «normalidad».

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