Puigdemont alarga la incertidumbre y eleva la presión al Parlament

Puigdemont atiende a los medios de comunicación el pasado 24 de enero en Bruselas. :: JOHN THYS/ afp
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Puigdemont atiende a los medios de comunicación el pasado 24 de enero en Bruselas. :: JOHN THYS/ afp

Reclama el amparo al presidente de la Cámara catalana para asistir hoy al debate de investidura sin atender al Supremo ni al Constitucional

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Carles Puigdemont mantiene la incertidumbre sobre la investidura hasta el último momento. Juguetea con la posibilidad de una aparición por sorpresa en el Parlament en el último momento, y en paralelo incrementa la presión sobre el presidente de la Cámara al pedir su amparo para asistir hoy al debate sin ser detenido.

A escasas horas de que se abra el pleno de investidura en el Parlamento de Cataluña nadie sabe qué va a pasar. Lo que hasta hace poco parecían certezas se desvanecen una detrás de otra. Sin ir más lejos, Junts per Catalunya anunció este domingo que Puigdemont, atendiendo al criterio del Constitucional, pediría permiso al Tribunal Supremo para estar presente en la Cámara. Ayer ya no era así. «Cada vez vemos más lejos esa posibilidad», afirmó Jaume Alonso Cuevillas, abogado del expresident, que tampoco arrojó luz alguna sobre los planes de su cliente. «Si (Puigdemont) considera más conveniente para hacer petar la cafetera a presión venir y hacerse detener», lo hará, pero si considera «más conveniente quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera», resumió.

El abogado se permitió además abonar las especulaciones de todo tipo que corren sobre una aparición por sorpresa del expresident en el Parlamento de Cataluña. En un tono a mitad camino entre la broma y la seriedad comentó en una entrevista en la radio catalana Rac 1 que no sabía dónde estaba su patrocinado, que no ha dado señales de vida en las últimas horas, y que su única comunicación con él había sido telefónica. «Tenía buena cobertura» allá donde estuviera, apuntó el letrado defensor.

El propio Puigdemont se sumó al juego del escondite y colgó ayer en su cuenta de Instagram una foto del paseo Picasso en Barcelona, una de las calles por las que se accede al Parlament. El expresidente acompaña la instantánea de un mensaje recordatorio de que quedan 24 horas para la investidura y escribe: «Por el país. Por las libertades. Por nuestras instituciones. Por la democracia. Por la dignidad. Por el futuro. Por ti».

En el Ministerio del Interior no están para bromas y tras unos días con informaciones con todo lujo de detalles sobre el operativo para detener a Puigdemont si retornaba, ayer se impuso la discreción. Ratificaron que las fuerzas de seguridad tienen desplegado un amplio dispositivo, y añadieron que la Policía se sumará hoy a los Mossos d'Esquadra para el control de los accesos al Parlament, una tarea que suele desempeñar en solitario la policía autonómica.

Dos escritos

El presidente de la Cámara, entretanto, recibió ayer dos escritos antitéticos que no hicieron más que complicar su posición. Roger Torrent tiene sobre su mesa la resolución del Tribunal Constitucional con las condiciones para que la investidura de Puigdemont sea presencial previo permiso del Supremo. También obra en su poder la petición de amparo del expresident para que «adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlament» ante las medidas «judiciales y gubernamentales del Estado encaminadas a obstaculizar» el ejercicio de sus prerrogativas como diputado e «impedir que pueda asistir al pleno de investidura». Recuerda también que tiene «derecho» a ir a los debates y votaciones, y subraya que goza de «inmunidad» y no puede ser detenido salvo si comete delito flagrante.

Dos textos de imposible casación ante los que Torrent tiene tres alternativas: abrir el pleno y suspenderlo si Puigdemont no está en la sala para abrir a continuación una nueva ronda de contactos en busca de otro candidato; seguir adelante con la investidura sin la presencia del candidato; o aplazar el debate hasta que la corte resuelva dentro de diez días si acepta o rechaza el recurso del Gobierno contra la investidura del expresident.

Un escenario endemoniado y en el que la alternativa más plausible es la de echar el balón hacia adelante y que Torrent aplace el pleno a la espera de la decisión que adopte el Constitucional sobre la impugnación firmada por Mariano Rajoy con la esperanza -fundada según diferentes juristas- de que la corte rechace el recurso gubernamental.

La solución de suspender el pleno y buscar otro candidato, como exigen el Gobierno de Rajoy y las fuerzas constitucionalistas, es la menos factible porque Torrent es un soberanista disciplinado, con acreditado pedigrí y es improbable que se desmarque de buenas a primeras de los planteamientos independentistas. Un paso que sería interpretado además dentro del mundo secesionista como una traición de Esquerra, su partido, al presidente «legítimo» de Cataluña, con las consecuencias políticas y electorales que acarrearía.

La segunda salida sería una flagrante desobediencia al Constitucional con consecuencias penales como ha advertido el propio tribunal y motivaría la intervención de la Fiscalía, un riesgo que Junts per Catalunya y la CUP piden que se asuma, no así Esquerra. Esta opción implicaría una vuelta a la estrategia unilateral de la pasada legislatura, un retorno que también divide a los independentistas porque mientras Puigdemont y los suyos, así como los anticapitalistas, están dispuestos a ir hasta el final al precio que sea, los republicanos defienden que es necesario formar gobierno cuanto antes aunque sean necesarios los sacrificios personales.

La alternativa de la repetición de las elecciones está ahí, pero por ahora no encuentra partidarios ni entre los soberanistas ni entre los constitucionalistas. Además no está claro en qué momento comenzaría a contarse el plazo de dos meses que marca la ley si no se celebra el debate de investidura.

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