Puigdemont admite que su futuro es «décadas de cárcel o muchos años en el exilio»

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acudió vestida de flamenca a la Feria de Abril catalana. :: m. p. / EFE/
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acudió vestida de flamenca a la Feria de Abril catalana. :: m. p. / EFE

PDeCAT pide un candidato consensuado para la investidura, pero el núcleo duro de JxCat afirma que será el que designe el expresidente

R. GORRIARÁN

madrid. Carlos Puigdemont tiene «claro» que su futuro vital y político es oscuro. En una entrevista publicada ayer por la revista londinense The Times Magazine apunta que le esperan «décadas de cárcel» si la justicia alemana autoriza su entrega a España. De no ser así, agrega, tiene por delante «muchos años en el exilio» porque no podrá regresar por las cuentas pendientes en el Tribunal Supremo.

Puesto a elegir entre las dos alternativas, Puigdemont considera que «el peor» escenario es el de la extradición a España porque el paso siguiente sería el ingreso en prisión provisional, como ha ocurrido con la mayoría de los exconsejeros de su Gobierno que no huyeron a Bélgica. Después, vendría el juicio en el Tribunal Supremo acusado de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia a la justicia, siempre que el tribunal Schleswig-Holstein autorice la entrega por esos tipos penales.

En consecuencia, resume, «la opción más realista es no tener un plan para el futuro». El expresidente de la Generalitat de Cataluña, entretanto, aguarda la decisión de la justicia alemana con una vida en Berlín bastante monótona, según explica en la entrevista. Los martes debe presentarse en una comisaría berlinesa para certificar que no ha huido, y cada día sale de su «apartamento» para «tomar un café o comer» y el resto del tiempo lo pasa en casa trabajando. Porque, subraya, no es un «fugitivo» ni lleva «una vida clandestina». Se considera «presidente» de la Generalitat y como tal tiene que reunirse con «gente, no vivir en la oscuridad».

Lo que no va a hacer, dice, es rendirse ni «hacer ninguna concesión a la tristeza», aunque reconoce que lleva mal «no poder besar» a sus dos hijas «cada noche» ni estar con ellas. Acostumbrarse a esa situación es «imposible», se lamenta, sobre todo porque las niñas «están asustadas».

Nuevo enfrentamiento

Mientras Puigdemont desgranaba sus confidencias a The Times Magazine, sus partidarios mantenían una nueva confrontación a cuenta de la investidura. La portavoz del PDeCAT, María Senserrich, reclamó este viernes que el nombre del candidato, el cuarto que saltaría a la palestra, debe ser consensuado entre los «34 diputados de Junts per Catalunya» porque la opinión de todos tiene que ser escuchada ya que «vale lo mismo el voto del número seis que el que iba de 20 (en la lista). Se tienen que escuchar todas las voces sin discriminar a nadie».

Unas palabras que recibieron la inmediata contestación negativa del núcleo duro de Puigdemont. La opinión que vale, dijeron, es la del expresidente, y aquel que designe será el candidato a la investidura. La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, lo dejó claro en su cuenta de Twitter: «El candidato tiene que ser Puigdemont o el que diga». Como ella hasta media docena de fieles al expresidente catalán cerraron filas.

Ante la contundente reacción, David Bonheví, número dos del PDeCAT, trató de templar gaitas y reconoció que el prófugo en Alemania es «el presidente legítimo», pero la palabra consenso también es «noble y legítima».

Pero lo cierto es que la investidura de Puigdemont está cada día más cuesta arriba, y el independentismo lo asume. El Tribunal Constitucional y el Consejo de Garantías Estatutarias señalaron que sería ilegal, así como la pretendida reforma de la ley de Presidencia de la Generalitat para allanar el camino a la investidura a distancia. Ante esos dictámenes, Junts per Catalunya, y por supuesto Esquerra, ven inviable seguir adelante con la reforma legislativa porque acarrearía actuaciones penales contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán.

En este escenario, Puigdemont está abocado a facilitar una investidura con otro candidato antes del 22 de mayo para evitar la convocatoria de nuevas elecciones el 15 de julio.

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