PSOE, Podemos y Ciudanos pactan primarias por ley subvencionadas

La propuesta no pasa de ser una recomendación, pero los tres partidos tratarán de sacarla adelante pese al malestar del PP, PNV y PDeCAT

P. DE LAS HERAS MADRID.

PSOE, Podemos y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para tratar de hacer obligatoria la celebración de primarias. Las tres formaciones sorprendieron ayer a los componentes de la subcomisión que estudiaba en el Congreso una reforma de la financiación de los partidos con una propuesta que, además, pretende que sea el Estado quien financie los procesos de elección de cargos orgánicos e institucionales. De momento, la idea no pasa de ser una recomendación, recogida en los puntos 13 y 15 del dictamen elaborado por el grupo de trabajo parlamentario, pero sus firmantes ya avanzan que tratarán de plasmarla en una ley.

«Creemos -justificó el socialista Artemi Rallo- que a la hora de financiar a los partidos políticos debe tenerse en cuenta el esfuerzo que hacen para ser más democráticos y dar respuesta a una demanda de la sociedad». Su formación ya contemplaba ese principio en el programa de las últimas elecciones generales, en el que abogaba por «vincular la financiación recibida del Estado, además de al resultado electoral en número de escaños y de votos -como ocurre ahora-, a elementos de democracia interna como la celebración de primarias, la limitación de mandatos o la paridad en las listas electorales».

La subcomisión votaba ayer su dictamen final después de meses de trabajo consensuado y ese asunto no se había hablado con el resto de grupos. Por eso el PP, PNV y PDeCAT expresaron su malestar (ERC, no acudió a la cita) por el hecho de que se actuara a sus espaldas. Los populares, directamente, optaron por no votar la propuesta. Los nacionalistas se abstuvieron, pero ya anunciaron su intención de presentar antes del martes sus votos particulares.

El partido del Gobierno se mostró especialmente crítico. Sostiene que el procedimiento de primarias no es la única fórmula democrática de elegir candidatos y, además, argumenta que una cosa es aplicarla para seleccionar al líder de una formación política y otra hacerlo para designar al candidato a la presidencia del Gobierno porque, según la ley, los únicos requisitos para estar al frente del Ejecutivo son «ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme». Nada más. Ni haber ido en unas listas electorales, ni poseer un escaño ni tener afiliación política.

Plazos y delitos

El texto aprobado por PSOE, Podemos y Ciudadanos no se detiene, en todo caso, en la cuestión de las primarias. También reclama que se obligue a las formaciones a celebrar sus congresos con una periodicidad determinada (en el PP es relativamente frecuente que transcurra más tiempo del marcado en los estatutos) y que se establezcan mecanismos que hagan esa obligación insalvable. Argumentan que de esa manera aumentarían la participación y la transparencia en las fuerzas.

Al margen de estos asuntos de organización interna, los tres partidos piden revisar el delito de financiación ilegal de formaciones políticas para «rebajar significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión», situada ahora en 550.000 euros. Y reclaman que en el caso de que un partido se hayan financiado ilegalmente mediante actos de corrupción de sus cargos públicos y orgánicos, sea responsable patrimonial.

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