El PSOE llamará a la comisión territorial del Congreso a Serrat o Jordi Évole

P. DE LAS HERAS

Madrid. La comisión creada en el Congreso para evaluar los logros y disfunciones del sistema autonómico empezará sus trabajos, probablemente, el 9 de enero, pero los grupos parlamentarios presentaron ayer sus propuestas de comparecientes y cuestiones a tratar. La del PSOE trae sorpresas. El principal partido de la oposición ha decido trascender el ámbito académico e institucional y, en su listado, ha incluído a artistas, periodistas y líderes de opinión entre los que se cuentan el cantautor Joan Manuel Serrat, la directora de cine Isabel Coixet, el presentador Jordi Évole o el comunicador Iñaki Gabilondo.

No son los únicos. En los seis folios registrados en la Cámara baja por los socialistas aparecen también los nombres de los padres de la Constitución; los presidentes autonómicos; miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias; los líderes de los sindicatos mayoritarios y la patronal; constitucionalistas como Eliseo Aja o Teresa Freixas; los filósofos Emilio Lledó y Adela Cortina; sociólogos y politólogos como Pablo Simón, Sandra León o Pau Marí-Klose; economistas como Ángel de la Fuente o Antonio Zabalza; historiadores como José Álvarez Junco y Santos Juliá y respresentantes de organizaciones sociales como Acnur o Greenpeace.

Veinticinco periodistas

El PSOE quiere llamar además a los embajadores en España de países con sistemas federales (Alemania, Austria, Estados Unidos y Canadá). También el porcentaje de periodistas es muy elevado. Suman 25. La explicación es clara. Al margen de que, según alegan en el partido, el análisis del modelo tenga mucho de estado de opinión, el deseo del PSOE es crear presión ambiental favorable a la reforma constitucional.

En su escrito, que junto al del resto de grupos se analizará el día 13, los socialistas subrayan de hecho que, una vez se detecten los problemas del sistema vigente, «hay respuestas que pueden ofrecerse dentro del actual marco legal, otras que requerirán la modificación de distintas leyes del Estado, y otras que deberían alcanzarse mediante una determinada reforma constitucional».

El planteamiento del PP es más conservador. «Una combinación de nuevas normas, con la revisión de algunas de las vigentes, la introducción de mecanismos de corte colaborativo, además de la actualización del sistema de financiación autonómico y local es más que probable que encaucen gran parte de los conflictos actuales», dicen en su propuesta.

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