Prisión incondicional para Junqueras y siete exconsejeros por liderar un proceso ilegal

Los exconsejeros catalanes llegan por la mañana a la sede de la Audiencia Nacional. :: Jaime García
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Los exconsejeros catalanes llegan por la mañana a la sede de la Audiencia Nacional. :: Jaime García

La juez Lamela se suma a la tesis de la Fiscalía y encarcela a medio Govern por «riesgo alto» de reiteración delictiva

MATEO BALÍN MADRID.

La Audiencia Nacional escribió ayer una de la páginas más trascendentales, sino la que más por sus consecuencias políticas y sociales, en sus 40 años de vida. La juez Carmen Lamela puso el broche a la respuesta penal del Estado a dos años de desafío independentista en Cataluña. Un proceso político considerado ilegal por el Tribunal Contitucional y cuya fase culminante se desarrolló desde el pasado 6 de septiembre, con la aprobación de las leyes de ruptura, hasta la votación en el Parlament el 27 de octubre de la declaración unilateral de independencia.

Pasadas las cinco de la tarde de ayer, Lamela dictó un auto de 19 páginas en el que ordenaba el ingreso en prisión provisional sin fianza para más de medio Govern catalán (la otra parte se encuentra en Bélgica). Un Ejecutivo que cesó en sus funciones cuando el Gobierno central decidió destituir a todos sus miembros el pasado sábado, una medida tomada al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el aval previo del fiscal general, cuya querella del lunes motivó las citaciones de ayer, la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres acordó la prisión incondicional para el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva (Exteriores), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Jordi Turull (Presidencia) y Dolors Bassa (Trabajo).

La juez valora que Vila desistiera del 'procés' y hoy abonará 50.000 euros de fianza para salir de prisión.La huida de Puigdemont y cuatro exconsejeros fue una de las razones del auto de encarcelamiento.

Investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, que en conjunto sumarían en el caso máximo 50 años de prisión, Lamela consideró que se daban los presupuestos necesarios para enviarlos a prisión sin fianza porque si quedaban en libertad había un «alto riesgo» de reiteración delictiva, posibilidad de ocultación y/o destrucción de pruebas y riesgo de fuga. En este punto, la juez afirmó que «basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido».

Una nítida referencia a la decisión del expresidente Carles Puigdemont de coger un coche a Marsella (Francia) el pasado lunes poco antes de conocer la querella del fiscal general y volar a Bruselas para eludir la acción de la Justicia. Además de Puigdemont, ayer tampoco comparecieron los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Lluís Puig (Cultura) y Clara Ponsatí (Enseñanza). La Fiscalía pidió las pertinentes órdenes nacionales e internacionales de búsqueda, captura y entrega, que la juez tiene previsto resolver hoy.

El caso del exconsejero de Empresa Santi Vila requiere una mención aparte. Compareció en la Audiencia Nacional y, a diferencia de la estrategia de sus antiguos compañeros, sí contestó a las preguntas del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo y de su abogado durante 45 minutos. Su colaboración le valió que la juez Lamela dictara en su caso prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Una noche en prisión y hoy su excarcelación para dormir en casa. También pesó que dimitiera de su cargo antes de la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

«Frente a los demás querellados -escribió la juez en su auto- no se aprecia en el señor Vila el riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista».

Los encarcelados, en cambio, solo contestaron a preguntas de sus abogados en unas breves comparecencias de solo cinco minutos y esperaron durante tres horas la decisión de la juez Lamela tras celebrarse la pertinente vistilla entre las partes y el juez sobre medidas cautelares.

La magistrada, que ya encarceló a los líderes de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, hizo un relato pormenorizado de los principales hitos en estos dos años de proceso político. Aseguró que «la acción de los querellados fue meditada y perfectamente organizada, dando muestra del incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Contitucional en pro de la independencia».

Asimismo, afirmó que hubo un «reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas que llevarían a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlament».

Recordó que los exconsejeros presos Ponsatí y Forn son socios de ANC, y Romeva, Turull y Bassa, de Òmnium Cultural. «En ejecución de lo resuelto, para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, éstos se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso», remachó la juez en su auto de prisión.

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