El prior del Valle de los Caídos planta al Senado y fuerza a los senadores a acudir a su abadía

Rechaza declarar ante la Cámara sobre su negativa a permitir exhumaciones y el PP acepta ir a escuchar sus razones

RAMÓN GORRIARÁN

madrid. Santiago Cantera ha logrado algo de lo que pocos pueden presumir. El prior de la abadía del Valle de los Caídos se había negado a acudir al Senado a declarar sobre su negativa a cumplir la ley de Memoria Histórica para permitir unas exhumaciones ordenadas por un juez y ha conseguido que los senadores acudan a la abadía a escuchar sus argumentos. El PP hizo valer ayer su mayoría en la Cámara y en la Comisión de Justicia, en la que estaba citado el religioso, y aprobó que los senadores fuera el 26 de marzo a hablar con el prior. Los socialistas no irán, y los nacionalistas vascos y catalanes tampoco.

El benedictino alegó en una carta a la comisión que los «deberes» que tenía con los feligreses y su condición de «religioso» impedían que pudiera atender hoy la llamada del Senado. En efecto, no se presentó para enfado del promotor de la comparecencia, el socialista Tontxu Rodríguez, quien reclamó al monje que cumpla «la ley de Dios y la de los mortales» porque, abundó su compañero Ander Gil, «en una democracia las explicaciones no se dan en el mausoleo de un dictador».

Cantera, que no estaba obligado a acudir porque no estaba citado por una comisión de investigación, debía explicar por qué no cumple la orden de mayo de 2016 de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial para exhumar los restos de los hermanos Antonio y Manuel Lapeña. Ambos fueron fusilados en Calatayud, enterrados en una fosa común y después trasladados a los columbarios del Valle de los Caídos. Patrimonio Nacional, propietario del monumental complejo funerario, aceptó la sentencia, pero el prior no. El monje argumentó en su carta al Senado que el desenterramiento supone «un riesgo» para el resto de osarios porque podrían resultar dañado.

En el Valle de los Caídos están enterrados los restos de 34.000 víctimas de la Guerra Civil, de los que 18.000 son republicanos, aunque algunos autores disparan la cifra hasta los 50.000. Su construcción fue ordenada por Franco en 1940 para «honrar y enterrar» a las víctimas de la «gloriosa cruzada». El faraónico mausoleo de la sierra de Guadarrama, cuya cruz de 150 metros de alto es visible a kilómetros de distancia, concluyó en 1958, pero las víctimas del bando franquista no llenaban los gigantescos osarios y los mandos de la dictadura, para rellenar, recurrieron a los republicanos enterrados en fosas comunes.

No pudo ser abad

La de los hermanos Lapeña no ha sido la única negativa del prior -no fue elegido abad en 2014 como su antecesor porque sus hermanos benedictinos le dieron un apoyo insuficiente- y ha desoído al menos una docena de peticiones similares. El abogado de estas familias rechazó los argumentos conservacionistas porque en 1980, 1990 y 2010 se llevaron a cabo exhumaciones y traslados de restos sin dañar los osarios. Eduardo Ranz señaló ayer ante la comisión que «no se pide un imposible ni una revancha» solo se reclama «que se abra una puerta» de la cripta porque los restos de los dos hermanos están localizados para ser trasladados sin tocar nada más.

Cantera se ha opuesto a las demandas con el argumento de que «los que cayeron enfrentados están aquí hermanados de cara a la eternidad», según escribió en un folleto sobre el Valle de los Caídos. Los senadores, por ahora solo del PP, escucharán sus razones el 26 de marzo. Su portavoz, Esther Muñoz, defendió el derecho del benedictino a no acudir el Senado y justificó el desplazamiento al Valle de los Caídos porque el monje «se merece una oportunidad» para explicarse en un asunto «muy complejo».

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