El 'caso Pretoria' se salda con penas de hasta siete años y multas de 15 millones

La Audiencia condena a 11 acusados, entre ellos un exdiputado del PSC y dos exconsejeros de Pujol, por una trama urbanística en consistorios de Barcelona

M. B.

madrid. La Sala Penal de la Audiencia Nacional condenó ayer a penas de hasta siete años y un mes de cárcel a los 11 acusados en el juicio de la llamada 'operación Pretoria', en el que se han juzgado actuaciones ilícitas en operaciones urbanísticas de 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o a través de intermediarios o testaferros.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Segunda, con ponencia de la presidenta del tribunal Concepción Espejel, condenaron a los acusados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, 'Luigi', fue castigado con siete años, un mes y 27 días de prisión, mientras que al exalcade de esta formación en Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, se le impuso la pena de cinco años, ocho meses y 28 días de cárcel y al exconcejal Manuel Dobarco, ocho años y seis meses de inhabilitación.

Otros condenados fueron los exconsejeros de la Generalitat Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, cercanos a Jordi Pujol, a quienes la Sala les impuso penas que suman para cada uno un año, 11 meses y 27 días de prisión por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.

La resolución acordó el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas: Pallaresa, Niesma y Badalona, que ascendieron a un total de 5,9 millones. Igualmente, se acordó la incautación de las dádivas recibidas por Bartomeu Muñoz (1,14 millones), Maciá Alavedra (3,24 millones), y Lluís Prenafeta (5,19 millones).

A todos los acusados, los jueces les aplicaron la atenuante simple de dilaciones indebidas por la duración del caso: ocho años y ocho meses hasta la sentencia. En sus hechos probados, relata cómo entre 2002 y 2009 los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos para promotores e inversores particulares. El «cerebro» de la trama fue el exdiputado Luis García, 'Luigi'.

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