Los presos, entre la esperanza y el realismo ante las exigencias del Gobierno

Los 282 reclusos que quedan confían en que el nuevo escenario cree otras condiciones aunque el Gobierno del PP no se moverá a corto plazo

JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN.

«Muerto el perro, se acabó la rabia». La frase del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista a este periódico hace tres años quedó grabada en la mente de muchos presos y expresos de ETA. Daba a entender, y así lo han repetido numerosos dirigentes del PP vasco, que solo «si la organización terrorista se disolvía se podría replantear la dispersión». A esa reflexión se siguen agarrando hoy los reclusos y dirigentes de la izquierda abertzale tras la confirmación de la desaparición definitiva de ETA. Un escenario que esperaban los internos, aunque el colectivo EPPK (en el que se integran los presos fieles a la doctrina de ETA) y el mundo de Sortu son conscientes de que de momento el Gobierno español no prevé cambiar su política penitenciaria. El actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, lo verbalizó el domingo en este diario, aunque el lehendakari ha asegurado que el presidente, Mariano Rajoy, es «sensible» a la necesidad de avanzar. Comentario que la Moncloa en absoluto confirma.

En principio, los presos se centrarán en continuar la batalla legal, y la izquierda abertzale está dedicada a construir mayorías políticas y sociales en Euskadi contra el alejamiento, tanto en el Parlamento Vasco como extramuros de las instituciones, en iniciativas como el Foro Social Permanente. Reiteran que su reivindicación es simple: «que se aplique la legislación ordinaria», que permitiría a los reclusos poder progresar del primer al segundo grado.

Aquí está el «tapón» que impide flexibilizar la situación de los internos. Solo con esa medida, señalan las fuentes consultadas, más de la mitad de los presos en España estarían libres en pocos meses. El comunicado de ETA sobre el daño causado también lega a los presos una argumentación para responder a las exigencias judiciales de autocrítica. De hecho, los internos pueden amoldarlo como deseen y profundizar en la autocrítica y en la petición de perdón, incluso superando la diferenciación que estableció la propia organización sobre víctimas ajenas o no al «conflicto».

El colectivo EPPK «solo reclama aplicar la legislación ordinaria»El abandono del primer grado, el acercamiento y los enfermos, claves

El papel del PNV

En todo caso, los reclusos entienden que el aumento de la reivindicación social, la consolidación del nuevo escenario sin ETA y los avances de Francia en materia de acercamientos deberían acabar llevando al PP al menos a modular posturas. En esta lucha tendrán de su mano al PNV, que tiene intención de seguir reclamando en Madrid otra política carcelaria, y no renuncia a hacer valer su influencia sobre Rajoy, aunque admite que en los temas de pacificación debe andar con pies de plomo con los populares.

La desaparición de ETA elimina del tablero alguna de las argumentaciones que los jueces utilizan para negar el paso del primer al segundo grado a los internos. La no existencia de la banda provoca que los reclusos ya no pertenezcan formalmente a ninguna organización terrorista. De hecho, la propia ETA en diciembre, en el seno de su debate interno, dejó bien claro que había adoptado la decisión de desvincularse de la gestión de los presos, que por primera vez en la historia se encontraban sin el paraguas de la sigla, lo que en teoría debería favorecer su exploración individual de todas las herramientas que ofrece la legalidad.

El colectivo, integrado a día de hoy por 282 personas, está ahora exclusivamente organizado en el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera). Tres son los primeros retos que se marca. El traslado a cárceles próximas a Euskadi, siguiendo la estela de Francia, la puesta en libertad de los enfermos, una docena, y lograr que los reos puedan abandonar el primer grado, en el que están clasificados más del 95% y que es el régimen más duro, con apenas cinco horas al día fuera de la celda. El objetivo es acceder al segundo grado, con posibilidad de beneficios. Pero Instituciones Penitenciarias ha denegado por sistema todas las demandas e, incluso, hay una primera sentencia de la Audiencia Nacional oponiéndose a mejorar la calificación penitenciaria.

Mujeres en Francia

El mundo de Sortu sigue mentalizando a los reclusos de la necesidad de seguir dando la batalla por salir del primer grado. La estación final será Europa, donde están convencidos de que se les dará la razón, como ocurrió con la abolición de la doctrina Parot que alargaba artificialmente las condenas. El problema es que hasta agotar la vía europea pasarán varios años y la moral de los familiares de los presos, con el riesgo de accidentes por la dispersión, es cada vez más frágil.

Más optimistas son respecto a Francia, que ha acercado ya a una docena de internos en virtud del espacio de diálogo entre el Ministerio galo de Justicia y la delegación de Iparralde que engloba a cargos electos y colectivos como los Artesanos de la Paz. Los movimientos son más lentos de lo esperado, pero las asociaciones vascofrancesas y la izquierda abertzale prevén que la desaparición de ETA acelere el ritmo y se pueda reagrupar a todos en las tres cárceles más al sur del Hexágono y próximas a Iparralde (Mont-de-Marsan, Lannemezan y Pau). El problema es que ninguna tiene módulo para las doce mujeres presas. Y parece difícil que se pueda acondicionar uno en las citadas prisiones para tan pequeño número.

En el colectivo de presos hay, por otra parte, preocupación por el papel que pueda jugar en el futuro Ciudadanos, que amenaza en las encuestas con desbancar al PP del Gobierno de España y que se opone radicalmente a cualquier flexibilización de la política penitenciaria. Un argumento que Albert Rivera utiliza, además, para marcar a los populares.

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