Los populares se lavan las manos de la financiación del partido en Madrid y Valencia

Cristina Cifuentes afirma que no sabe si la gestión económica de las campañas electorales autonómicas fue correcta

R. GORRIARÁN

madrid. «Soy afiliado por Almería». El portavoz del PP en el Congreso se escabulló así de la pregunta sobre la legalidad de la financiación de su partido en Madrid y la Comunidad Valenciana. Rafael Hernando, tan propenso en otras ocasiones a opinar sobre todo, se abstuvo de comentar ayer las denuncias ante los jueces del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados y su homólogo valenciano Ricardo Costa, así como las confesiones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' y los empresarios implicados en los pagos irregulares. Todos coincidieron en admitir la existencia de una 'caja B' del PP en sus territorios para financiar las campañas electorales.

La propia Cristina Cifuentes, implicada por Granados en las maniobras financieras irregulares del PP de la Comunidad de Madrid, se lavó las manos respecto a la legalidad o no de la financiación de su partido. «Todo está en entredicho y hay una investigación judicial», comentó evasiva. También se negó a «poner la mano en el fuego» por la corrección de las finanzas populares de Madrid. «Suena a cosa medieval», indicó en una entrevista en la cadena Cope. A lo sumo que llegó fue a decir: «No sé, si como dicen, hubo financiación más allá de lo que establece la legalidad».

Sentada la premisa por parte de la dirección nacional del PP de que todo lo que declaran los acusados en los juicios por la financiación ilegal forma parte de sus «estrategias de defensa», en las que tienen derecho a mentir, se impuso el silencio entre los dirigentes del partido y nadie, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, defendió la legalidad de los procedimientos. Su locuacidad bajo mínimos se limitaba a acogerse a lo que digan los tribunales. El argumento utilizado en ocasiones por Mariano Rajoy y otros miembros de la dirección de que se trata de asuntos ocurridos «hace mucho tiempo» parece haber pasado a mejor vida.

Las únicas palabras de los dirigentes del PP sobre la financiación fueron para denostar «la bajeza» de las manifestaciones de Granados ante el juez de la trama Púnica, Manuel García Castellón, en lo referido a Cristina Cifuentes y su supuesta «relación sentimental» con Ignacio González. Del contenido de la declaración, nada.

Tampoco los expresidentes madrieños Esperanza Aguirre o Ignacio González salieron a defenderse de las acusaciones del que fuera su compañero de troika en la dirección del PP de Madrid y en el Gobierno autonómico.

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