El PP pide al Constitucional que anule los acuerdos de la comisión sobre su caja B

Alega que la falta de límites del órgano viola el derecho de sus diputados a representar a sus votantes debidamente

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Madrid. El Grupo Popular presentó ayer su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la comisión del Congreso que investiga su presunta financiación ilegal. En su alegato, los populares denuncian ante la corte que el órgano parlamentario está violando los derechos fundamentales de sus diputados, ya que la falta de concreción de los trabajos les impide «representar» debidamente a los ocho millones de votantes del Partido Popular.

El PP no reclama al tribunal que paralice preventivamente los trabajos de la comisión en caso de aceptar la demanda, pero sí que pide a los magistrados que declaren nulos los acuerdos parlamentarios de la Mesa del Congreso, que fue la que se negó a cursar la petición a los servicios jurídicos de la cámara para que se establecieran límites a la investigación.

También demanda al Constitucional que anule todos los acuerdos de la propia comisión. Por el momento, las únicas decisiones formales de este órgano han sido la citación (y posterior comparecencia) de los tesoreros y extesoreros de la formación Luis Bárcenas, Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y Carmen Navarro y la petición de una cantidad ingente de documentación sobre la financiación del PP y adjudicaciones de administraciones populares.

El PP, que votó en el pleno a favor de la constitución de este órgano, poco a poco se ha ido desmarcando del rumbo de esta comisión y desde hace más de un mes viene denunciando que esta investigación se ha convertido en una «causa general» contra el partido del Gobierno, ya que la oposición se ha negado a limitar los trabajos.

Y el recurso incide en esa línea. El PP denuncia que la negativa a acotar «temporal, institucional y materialmente» la investigación sobre la supuesta 'caja B' de los populares hace «imposible» un plan de trabajo coherente para sus diputados, hasta el punto de que sus representantes desconocen cuál es el objeto específico de la comisión. Esta indeterminación -arguyen los populares- vulnera el derecho al ejercicio de las funciones representativas sin restricciones ilegítimas fijadas en el artículo 23.1 de la Constitución en relación con el artículo 23.2, que garantiza el ejercicio de las funciones públicas «sin perturbaciones ilegítimas».

Los populares, en su texto, dan a entender que su idea no es acabar por la vía judicial con la comisión, sino solo encauzar sus trabajos. El recurso pide que, en el caso de que el Constitucional le dé la razón, ordene a la comisión que establezca claramente los límites de su investigación (marco temporal y qué instituciones pueden ser fiscalizadas), previo informe de los servicios jurídicos del Congreso.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos