Una petición del PP aplaza la declaración de Chaves y Griñán

El magistrado aceptó la petición del Partido Popular, que ejerce de acusación particular, para que previamente se lea íntegra la declaración durante la instrucción de la juez Alaya de quien fue consejero de Empleo, Antonio Fernández, a fin de poder contrastarla con su actual versión.

La declaración de Fernández, que se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, se prolongó durante cuatro días en abril de 2012, y concluyó con su ingreso en prisión provisional durante cuatro meses. Ahora se ha negado a ratificar ese testimonio al entender que no se ajusta con rigor a lo declarado, como ha ocurrido con otros acusados que ya en su momento cuestionaron los interrogatorios de Alaya. Y como Fernández no contestará a las preguntas que formule el PP, este partido ha hecho suyas las preguntas de la juez instructora y ha reclamado que se oiga íntegra la declaración del exconsejero para así poder comparar ambas versiones. Después será el momento de las preguntas de su defensa.

De esta manera, no será como mínimo hasta el próximo lunes cuando llegue el turno de los expresidentes Chaves, para quien se piden 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y Griñán, que se enfrenta a una pena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos por no haber frenado un sistema considerado ilegal y a través el cual se repartieron 855 millones de dinero público sin apenas control.

Ambos exjefes del Ejecutivo regional esgrimieron en la fase de instrucción no haber conocido el procedimiento concreto que se empleaba para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis porque sus subordinados no les informaron, señalando directamente al Interventor general de la Junta por no avisar de esas supuestas irregularidades.

Asimismo, tanto Chaves como Griñán insistieron en que las ayudas se concedieron siempre con informes favorables. En este sentido, Antonio Fernández negó ayer haber recibido órdenes de ningún alto cargo de la Junta de Andalucía para dar ayudas a algún conflicto laboral en su territorio de origen, insistiendo en la absoluta «autonomía» y libertad de gestión del exdirector de Trabajo Javier Guerrero para concederlas.

Precisamente, Guerrero reavivó el frente político de los ERE después de que el pasado fin de semana afirmara en un programa de La Sexta que la presidenta andaluza, Susana Díaz, quiso ser informada de algunos de los conflictos laborales que se produjeron en la época de los ERE.

El PP de Andalucía pidió ayer que la jefa del Ejecutivo regional comparezca en el Parlamento para responder a estas manifestaciones. El vicesecretario de sectores productivos de la formación, Pablo Venzal, destacó que estas declaraciones de Guerrero evidencian que el PP llevaba razón cuando pidió que Díaz declarara en el juicio como testigo para aclarar todo lo que conocía sobre estos expedientes. «Ahora los hechos nos dan la razón y lo menos que podía hacer la señora Díaz es que comparezca en sede parlamentaria», señaló Venzal.