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CRISTIAN REINO
Jueves, 4 de enero 2018, 00:28
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barcelona. Volver o no volver. Ese es el dilema que tiene Carles Puigdemont y sobre el que gira toda la política catalana tras la victoria de las fuerzas secesionistas por mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas del 21-D. Cataluña sigue sin gobierno y todas las miradas se dirigen hacia el expresidente de la Generalitat, que continúa deshojando la margarita mientras sus eventuales socios le piden que mueva ficha.
El PDeCAT abrió ayer la puerta a que Puigdemont no regrese de su retiro en Bruselas, lo que supondría de facto el primer gran incumplimiento programático de la candidatura de Junts per Catalunya. Los neoconvergentes centraron su campaña electoral en la figura del expresidente de la Generalitat -«él o Rajoy» era el lema- y en la promesa de que si ganaba, regresaría para ser investido y poder restituir el gobierno cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El diputado del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, condicionó ayer el regreso a España del candidato nacionalista para asistir a la investidura a que se produzca un «pacto político» previo con el Gobierno de Mariano Rajoy. Un acuerdo que no se vislumbra por ningún lado y que debería pasar, según los independentistas, por que la Fiscalía reclamara al juez permitir la vuelta de Puigdemont sin ser detenido, extremo en el que insisten los secesionistas sin tener muy en cuenta el principio de separación de poderes. Puigdemont, en el discurso que pronunció para fin de año, en el que se presentó como presidente legítimo de Cataluña, ya instó a Rajoy a reconocer los resultados de las elecciones catalanas y a «negociar políticamente con el Govern legítimo de Cataluña». «El pacto tiene que ser político y se tendrá que instrumentalizar. Los problemas políticos deben tener una respuesta política», afirmó ayer Bel en declaraciones a Cuatro.
Como ya ocurrió durante la campaña electoral, los planes del expresidente son toda una incógnita. Aun así, fuentes de Junts per Catalunya aseguran que su candidato mantiene un «contacto permanente» con Esquerra y la CUP y que las conversaciones entre los dirigentes de las fuerzas secesionistas se producen tanto en Barcelona como en Bruselas. «El objetivo es garantizar el cumplimiento del resultado electoral del 21-D y revertir el 155 y sus consecuencias», señalan en la lista que se impuso en las elecciones dentro del bloque soberanista; una lista en la que conviven diferentes almas y en la que algunas piezas actúan al margen del PDeCAT, como es el caso de Elsa Artadi, a la que muchos señalan como posible presidenta de la Generalitat si al final Puigdemont decide no regresar y renuncia a la reelección.
«El Gobierno central debe aceptar el resultado electoral y por lo tanto rectificar, reparar y restituir la situación anterior al 155», añaden en Junts per Catalunya. A su juicio, levantar el 155 y respetar el resultado electoral implica la «liberación» de los dirigentes secesionistas presos y el retorno de los fugados «con seguridad y garantías para que puedan ejercer sus derechos políticos con plenitud». Las conversaciones entre los independentistas, obligados a entenderse para mantener la mayoría absoluta y el poder, se acelerarán a partir de hoy, una vez se conozca la resolución de la situación penitenciaria de Oriol Junqueras.
Las negociaciones girarán en torno a tres ejes: la constitución del Parlamento catalán el día 17 de enero, la elección de la Mesa de la Cámara -en la que la mayoría secesionista podría depender de que los exconsejeros huidos a Bruselas renuncien a su escaño y frustren así el sueño de Ciudadanos de presidir el hemiciclo- y la investidura.
La elección del presidente de la Generalitat es el asunto más importante de las negociaciones y el que sitúa a los soberanistas ante su enésimo precipicio. Desde el PDeCAT no descartan nada, incluida la «investidura telemática» que ya rechazó Esquerra. El diputado Gabriel Rufián advirtió de que Cataluña no puede tener un presidente elegido por Skype. Bel, en cambio, defendió «buscar cualquier posibilidad» si no es posible que se celebre una investidura «con garantías jurídicas y democráticas».
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