El Parlamento concluirá que existió una 'policía política' para investigar a adversarios

Los borradores de la oposición apuntan a que el grupo de comisarios tambien se dedicó a tapar la corrupción del PP

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Madrid. Los diferentes grupos parlamentarios ultiman ya sus escritos de conclusiones en la comisión de investigación sobre el supuesto uso partidista de la Policía durante la etapa en que Jorge Fernández Díaz fue ministro del Interior. El próximo 20 de julio deben presentar sus informes para su discusión y diversas fuentes parlamentarias garantizan que habrá un acuerdo para que la oposición, haciendo valer su mayoría, aun en el caso de que Ciudadanos no se sume, apruebe un documento que considere probada la existencia de la denominada «policía política» y que subraye que su principal objetivo fue el «investigar a adversarios políticos» del PP.

Obviamente, el texto de consenso en el que trabajan los diferentes grupos no contará con el respaldo del PP, que, en sus conclusiones, negará de manera tajante la existencia de esa camarilla también conocida como «brigada política» dentro de la propia Policía. Es probable, por tanto, que los populares redacten por su cuenta un texto de conclusiones ante la imposibilidad de encontrar puntos de conexión con el resto de los partidos.

La distancia que separa el borrador del PSOE con el texto que ultima Podemos o el informe ya presentado por Esquerra (el único ya registrado) es «todavía grande», sobre todo a cuenta de la negativa de los socialistas a seguir ahondando en la investigación con la citación de dos de los comisarios que se encontrarían en el eje de esa supuesta 'policía política', el polémico excomisario de Asuntos Especiales, José Villarejo, y su enemigo acérrimo, el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

No obstante, las tres líneas básicas del PSOE son, a priori, asumibles para gran parte de la oposición: que esa 'policía política' investigó a los rivales, que se dedicó a «interferir» en la situación política en Cataluña y que, además, tenía como propósito «entorpecer las investigaciones sobre la corrupción en el PP».

Puestos de trabajo

El texto de los socialistas también zanjará, según fuentes de ese partido, que esa estructura policial en el Ministerio Interior «se cobijaba bajo el catálogo de puestos de trabajo» que utilizaban arbitrariamente el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino y el exdirector del cuerpo Ignacio Cosidó, ambos comparecientes en esta comisión de investigación. Además, defenderá que las prácticas de esta camarilla policial eran conocidas tanto por el entonces ministro del Interior como por los sucesivos secretarios de Estado bajo su mando.

El texto de Esquerra va más lejos todavía y considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era «conocedor obligado» de esas maniobras. El PDeCAT hará hincapié en las supuestas operaciones que se llevaron a cabo desde el departamento que dirigía Fernández Díaz, con su connivencia e impulso, para manchar los nombres del expresidente de la Generalitat Artur Mas o el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías

Sea como fuere, las conclusiones de esta comisión de investigación deberán estar aprobadas antes de que el 31 de julio el órgano se disuelva y posteriormente deberán ser debatidas y aprobadas en el pleno del Congreso.

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