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CRISTIAN REINO
Sábado, 5 de mayo 2018, 00:43
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barcelona. El independentismo lleva meses realizando gestos de alto valor simbólico que sabe que no llevan a ningún lado. Lo hizo el 27-O, aprobando una proclamación de independencia que no tenía más recorrido que el de una mera declaración de intenciones, y lo volvió a hacer ayer, al dar luz verde a una norma que permite la investidura a distancia del presidente de la Generalitat y que nace muerta.
JxCat, Esquerra y la CUP aprobaron la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat, a pesar de que son conscientes de que no la utilizarán nunca porque no superará el filtro del Constitucional, y no servirá para reelegir a Carles Puigdemont mientras continúe huido. Pero la mayoría independentista quiso tener un gesto con el expresidente de la Generalitat y escenificar que ha intentado, hasta las últimas consecuencias, facilitar su investidura, pero que si no lo ha conseguido es porque los poderes del Estado no se lo han permitido. «Puigdemont no se rendirá», advirtió Albert Batet, de JxCat.
Junts per Catalunya trató de investir a su jefe de filas el pasado 30 de enero, pero el presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent, frustró el intento con la suspensión del pleno ante las advertencias del Tribunal Constitucional, que avisó que no podía hacerse una investidura a distancia. La corte ha vuelto a advertir esta semana de que Puigdemont no puede ser reelegido de manera telemática.
Aun así, e ignorando además el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que también concluyó que la reforma legal vulnera la Constitución y el Estatuto, el pleno de la Cámara catalana validó el cambio legal por 70 votos a favor (JxCat, Esquerra y la CUP) y 64, en contra (Ciudadanos, PSC, comunes y PP).
Desde la oposición recalcaron que sus derechos fueron vulnerados como ocurrió en las sesiones del 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de la desconexión también por la vía de lectura única. Según Ciudadanos, se trata de la «ley Puigdemont», un «traje a medida» para un «fugado de la justicia». «Una barbaridad y una aberración», apuntó la portavoz liberal, Inés Arrimadas.
La modificación de la ley de la Presidencia plantea que se puedan hacer debates de investidura del presidente de la Generalitat sin que el candidato esté presente en el hemiciclo con la autorización previa del pleno por mayoría absoluta. Contempla además que el Gobierno pueda celebrar sus sesiones tanto de forma presencial como a distancia.
El Gobierno de Rajoy recurrirá la reforma al Constitucional y quedará inmediatamente suspendida. El expresidente, por tanto, tiene todas las puertas cerradas para su reelección. Su investidura solo sería posible si los secesionistas forzaran la desobediencia, pero JxCat lo ha descartado.
En consecuencia, agotada la vía Puigdemont, el independentismo tiene que poner en marcha el llamado plan D, que pasa por la investidura de un candidato viable y libre de causas judiciales, lo que no pasaba con Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull. El expresidente ha convocado a su grupo parlamentario a una reunión hoy en Berlín. En un principio, se esperaba que Puigdemont pudiera designar a su sucesor, pero fuentes neoconvergentes ayer lo descartaban. Lo que sí podría anunciar es que se pone manos a la obra para buscar un candidato.
Esta semana ha sonado con fuerza Elsa Artadi, pero en su entorno insisten en que no es su intención. La portavoz de JxCat recibió el aval de Esquerra, Sánchez, Ómnium y el PDeCAT, si bien fuentes próximas a la diputada apuntaron que su nombre nunca ha estado sobre la mesa y que si había cobrado fuerza era más bien por una «bola de nieve» fabricada por los medios de comunicación.
Fuentes nacionalistas precisaron que si Artadi se ha caído de la lista es por las exigencias de Puigdemont de que el futuro presidente sea un 'alter ego' suyo, que obedezca sus órdenes desde Berlín o Bruselas.
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