El Parlament recurrirá la aplicación del artículo 155 al Constitucional

PDeCAT y ERC reciben el apoyo de los comunes, pero no de la CUP, que ya lanza avisos para la investidura

CRISTIAN REINO BARCELONA.

Mientras la nueva legislatura catalana espera día y hora para que se constituya el Parlament y se pueda elegir a los miembros de la Mesa, la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno en los periodos entre legislaturas, aprobó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas aplicadas por el Gobierno central al amparo del artículo 155 de la Constitución española. El recurso salió adelante con los votos de Junts pel Sí, coalición que dejará de existir en breve y que agrupa al PDeCAT y a Esquerra, y con los de Catalunya Sí que es Pot, ahora Catalunya en Comú Podem.

La CUP, que en la pasada legislatura fue de la mano de convergentes y republicanos, se abstuvo, en cambio, al no reconocer la autoridad del Tribunal Constitucional sobre Cataluña. Y Ciudadanos, PSC y PP, las tres formaciones que avalaron la aplicación del 155 como instrumento necesario para frenar la «reiterada violación de la legalidad» por parte de la Generalitat, se opusieron al recurso.

El debate en la Cámara catalana reprodujo el clima de división corroborado por las pasadas elecciones del 21 de diciembre, en las que los secesionistas revalidaron la mayoría absoluta a pesar de no superar el 47,5% del voto y de encajar la victoria de Ciudadanos.

Los partidos independentistas empiezan a mover ficha para formar gobierno.El PP ve en la apelación el reconocimiento de la autoridad del tribunal como intérprete de la ley.

«La única conjura que ha habido es la del Gobierno central, que ha utilizado a los organismos del Estado para anular la autonomía de Cataluña y encarcelar las ideas», afirmó el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas, en la que fue su última intervención parlamentaria, ya que tiene previsto abandonar la política. El diputado secesionista basó sus críticas al 155 en los procesos judiciales abiertos contra los miembros del ejecutivo catalán, acusados de conspiración para vulnerar la ley y declarar la secesión, y en el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, afirmara durante la campaña electoral que el PP había descabezado a los partidos independentistas.

«De la literalidad del 155 en ningún caso se puede presuponer que pueda sustituirse al presidente de la Generalitat y disolverse el Parlamento autonómico -dijo con un argumento que ya empleó Podemos en su propio recurso-. De todo lo relativo a los derechos fundamentales, si no está expresamente escrito o prohibido, no puede hacerse una interpretación extensiva».

Los independentistas cimentarán su apelación al máximo intérprete de la Carta Magna en un reciente dictamen del Consejo de Garantías estatutarias catalán, que dudó de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno, al entender, entre otras cuestiones, que la destitución del Gobierno catalán no era una «medida necesaria o indispensable».

La CUP, que no reconoce otra autoridad que la de la república catalana declarada el pasado 27 de octubre, insistió en que ya no se somete al poder del tribunal y calificó la aplicación del 155 como un golpe de Estado. «Todos los golpes de Estado son siempre inconstitucionales. No vale la pena demostrar que lo son», dijo Gabriela Serra.

El voto de la CUP no puede calificarse de anecdótico, pues los anticapitalistas miden con lupa cada uno de sus movimientos. Ayer empezaron a enviar señales a los que sobre el papel deben ser sus compañeros de viaje en la próxima legislatura y les advirtieron de que no venderán barato su apoyo a la investidura del próximo presidente de la Generalitat catalana.

El exconsejero de la Presidencia, Jordi Turull, anunció en esta línea que ya se han producido los primeros contactos entre los secesionistas para formar gobierno. Desde Junts per Catalunya insisten en que Carles Puigdemont debe ser el próximo presidente de la Generalitat, aunque tenga que ser por «vía telemática». Sin embargo, así como el reglamento de la Cámara permite que un diputado tome posesión de su acta sin estar presente, exige que el aspirante a la investidura presente ante el pleno su programa.

Los partidos no secesionistas, mientras, pusieron sobre la mesa algunos de los argumentos que marcarán la próxima legislatura y reclamaron a los secesionistas que ponga fin a la vía unilateral, porque en las pasadas elecciones no lograron la mayoría absoluta en votos. Ciudadanos hizo valer su nueva situación como principal fuerza de la Cámara. «El recurso se lleva a cabo con un Parlamento que ya no está vigente y que no representa los resultados del 21D» y lo impulsa, dijo Carlos Carrizosa, «un Gobierno saliente que después de mentir a los catalanes, de hacer huir a las empresas y de dividir a las familias, ha perdido las elecciones».

Miquel Iceta, del PSC, reclamó, «por el bien de todos», que la nueva mayoría parlamentaria independentista «abandone cualquier tentación unilateral e ilegal que seguiría produciendo daños muy difíciles de reparar en la convivencia, economía e imagen de Cataluña». «La legislatura que acaba certifica el fracaso total y absoluto de la vía unilateral e ilegal», añadió.

El PP, por su parte, justificó las medidas adoptadas. «El artículo 155 ha sido una medida extraordinaria y provisional y que se acabará cuando en Cataluña haya un gobierno que cumpla la ley», afirmó Alejandro Fernández. A su juicio, con el recurso, los independentistas «en cierto modo reconocen de manera implícita la legitimidad del Constitucional y la aplicación de este artículo». Lo mismo que argumentó desde Madrid el número tres del PSOE, José Luis Ábalos.

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