El independentismo «legitima» a Puigdemont y recupera las leyes de la desconexión, pero evita ratificar el 27-O

Carles Puigdemont. / Efe I Atlas

La legislatura arranca con bronca y vuelve a estar marcada por el riesgo de querellas contra los miembros secesionistas de la mesa de la Cámara catalana

CRISTIAN REINOBarcelona

JxCat, ERC y la CUP han legitimado esta mañana la figura de Carles Puigdemont con una votación en la Cámara catalana, que debería abrir la puerta a su renuncia, lo que desbloquería la investidura del presidente de la Generalitat, en la persona de Jordi Sánchez. En el primer pleno de la legislatura, marcado por la bronca y los quiebros de la mesa de la Cámara catalana al Tribunal Constitucional, que puede acabar en querella, los secesionistas han aprobado una propuesta de resolución que honora simbólicamente a Puigdemont y al referéndum del 1 de octubre, pero en cambio ha evitado ratificar la proclamación de independencia del pasado 27 de octubre.

La propuesta de resolución aprobada insta además al Parlamento a "restituir" las llamadas leyes de la desconexión, anuladas por el Tribunal Constitucional. "Determinamos que este Parlamento y su presidencia activen de manera inmediata todos los instrumentos y procedimientos adecuados para garantizar sin restricciones los derechos civiles y políticos de todas y todos sus electos, restablecer todas sus instituciones, empezando por su presidencia, como en materia de restitución de lo establecido en las leyes y decretos sociales y medioambientales aprobados en esta Cámara en la pasada legislatura y suspendidos por el Tribunal Constitucional Español", según el texto aprobado, del que los letrados han realizado una advertencia porque podría contravenir resoluciones del tribunal Constitucional.

Rajoy considera "demencial" el plan de un Govern paralelo en Bruselas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera "demencial" el plan que barajan los independentistas catalanes para crear en Bruselas unas instituciones paralelas al Govern de la Generalitat y les ha emplazado a que presenten un candidato que pueda ser president.

Rajoy, en una entrevista en Telecinco, ha insistido en que "es una broma" todo lo que no sea presentar a un candidato a president que no tenga problemas con la Justicia y ha afirmado, ante las pretensiones de la CUP, que el Tribunal Constitucional ya ha advertido de que es imposible una declaración unilateral de independencia.

Para el jefe del Ejecutivo el proyecto de Junts per Catalunya y ERC de constituir en Bruselas una Asamblea de Representantes de la República y un Consejo de la República presidido por Carles Puigdemont en paralelo a un Govern encabezado por Jordi Sánchez, actualmente en prisión, no tiene calificativos.

"Dejémoslo en demencial. Es demencial. Hay que ir a la mayor, y si queremos construir, lo que hay que hacer ahora es elegir a una persona que esté en España, que no esté en la cárcel y que no tenga problemas con la Justicia.", ha subrayado.

Al citarle nombres como Elsa Artadi o Jordi Sánchez como president, ha respondido que elijan a quien quieran, pero ha insistido en que sería "un error mayúsculo" y un mensaje de que se desea continuar con el enfrentamiento en el que se decidiera una persona que tuviera problemas con la Justicia.

"La gente ya está cansada, harta y aburrida, y lo que tienen que hacer es elegir a una persona limpia", ha recalcado. Además, ante la pretensión de la CUP de que el pleno del Parlament ratificara la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre (objetivo al que finalmente ha renunciado tras un acuerdo con JxCat) ha advertido de que el Tribunal Constitucional ya dijo que se trata de una aspiración imposible.

Rajoy ha explicado que uno de los principales problemas de los nacionalistas moderados catalanes ha sido ponerse en manos de los "extremistas, radicales y antisistema" de la CUP.

El presidente del Gobierno ha vuelto a criticar la actitud de los cargos institucionales catalanes que no acudieron a la recepción al Rey con motivo de la inauguración del Mobile Worl Congress. "Quedó claro que hay gente que no es capaz de cumplir con sus obligaciones institucionales y en alguna ocasión han rayado la mala educación", ha añadido.

El primer pleno de la legislatura catalana ha empezado como la anterior: con tensión en el hemiciclo. Y es que, a pesar de las advertencias del Gobierno y de la Fiscalía, la mesa de la Cámara catalana ha admitido a trámite las enmiendas de la CUP y sus miembros se exponen a una querella por desobediencia. Las enmiendas de la CUP, que buscaban ratificar el 27-O, se han admitido a trámite, pero en cambio no se han votado porque lo que los independentistas han sometido a votación ha sido nuevo texto transaccionado, más rebajado y pactado entre las tres fuerzas secesionistas.

Los letrados del Parlament han advertido, en cualquier caso, de que la resolución pactada entre JxCat y la CUP podría abrir un nuevo contencioso con el Tribunal Constitucional. El problema que se ha suscitado en la reunión de la mesa era que para tramitar la resolución transaccionada, primero era necesario tramitar las enmiendas de la CUP. Y los letrados han avisado de que la mera tramitación de esas enmiendas, ya puede ser constitutiva de delito. "Torrent presuntamente ha cometido un delito", han apuntado fuentes parlamentarias.

Como protesta contra lo que se estaba votando, los diputados de Cs y PP no han votado la propuesta de resolución de JxCat en su conjunto. El PSC ha evitado el voto en el punto más controvertido, que también exige que cesen las injerencias del Gobierno ante los tribunales y el TC, que "pretenden impedir la materialización de esta voluntad democrática de los representantes del pueblo, así como la que fue legítimamente expresada en el referéndum del 1-O".

Tras un debate de más de dos horas, la Cámara catalana ha aprobado "constatar que las elecciones del 21 de diciembre han ratificado la mayoría favorable a las fuerzas independentistas, esto es, a las formaciones políticas favorables a una acción republicana de gobierno y a la constitución en Cataluña en un estado independiente en forma de república". La propuesta de resolución validada además manifiesta el rechazo "más absoluto" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, así como sus efectos sobre las instituciones democráticas catalanas, que "han vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes, restringido las facultades de soberanía de sus instituciones legítimas y cesado a sus representantes elegidos democráticamente".

El pleno ha exigido, así, "poner fin a su aplicación de manera inmediata", según el texto de los independentistas. Y "denuncia la deriva autoritaria y antidemocrática del estado español" y la "represión generalizada sobre el movimiento republicano catalán, mediante la causa general contra Cataluña". Los comunes han votado a favor de al menos la mitad de los puntos de la propuesta de resolución de JxCat.

Restituir la legitimidad de Puigdemont

En la línea de restituir la legitimidad de Puigdemont, los independentistas rechazan la "destitución ilegal e ilegítima del presidente de la Generalitat y su gobierno mediante la aplicación del artículo 155" y proclaman la "voluntad y el compromiso de restaurar la institución de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña". Así, constatan que Carles Puigdemont fue elegido por la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña el 10 de enero de 2016 y que superó una cuestión de confianza el 29 de septiembre de 2016. Además, destacan que ha sido avalado, a raíz del resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, para ser el legítimo candidato del Parlamento a la presidencia de la Generalitat en esta legislatura y que sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente, surgida de las urnas y revalidada el 21 de diciembre, para "poderle ratificar la confianza como presidente."

JxCat, ERC y la CUP han instado además que "cesen las injerencias del gobierno del Estado ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional que pretenden impedir la materialización de esta voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña, así como la que fue legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre".

En el debate de las propuestas de resolución, las posiciones de cada uno de los grupos apenas se han movido respecto a la legislatura anterior. JxCat se ha comprometido a "no retroceder ni un milímetro" en la "defensa de la libertad, la independencia y la república". La causa de la independencia y la república es "justa, legítima y honorable", ha afirmado Quim Torra. JxCat ha advertido de que pone en marcha el "proyecto republicano". "Queremos una República llena de contenido. La independencia solo es un medio", ha afirmado Marta Rovira, de ERC. "Existe un amplio consenso de país para reconocer la legitimidad de Puigdemont y formar un Govern efectivo que permita recuperar la Generalitat y acabar con la dictadura del 155", según la dirigente republicana. Carles Riera, de la CUP, por su parte, ha acusado al Estado de "connivencia" entre el fascismo y la extrema derecha para ir contra el independentismo.

Ciudadanos reivindica su victoria

Inés Arrimadas ha reivindicado su victoria en las elecciones, lo cual ha sido cuestionado por Rovira, ha acusado a Torrent de ser un "Forcadell 2.0" y ha instado a los independentistas a que acaben con las "farsas". "Dejen de mentir a sus votantes", ha afirmado. "Solo quieren alargar el proceso. Solo quieren lío, porque es su modus vivendi", ha insistido. La república y la independencia son una "farsa", ha apuntado que "no se lo creen ni ustedes". "El proceso es la antítesis de la realidad", ha remarcado. "El patriotismo ha despertado", según Arrimadas. Miquel Iceta, por su parte, ha avisado que no tiene sentido recuperar una república que "no nació".

Los comunes, mientras, han advertido de que proponer a Jordi Sánchez es hacerse un "autoboicot", pues lleva a un "nuevo bloqueo" institucional. El PP ha acusado al independentismo de librar una "Guerra Santa contra el independentismo". También se han aprobado buena parte de los puntos de propuesta de resolución de los comunes y se han rechazado las del PSC, Cs y PP.

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