El Parlament facilitó el gesto del expresident al reconocerle de forma simbólica

Los grupos secesionistas reivindican la consulta del 1-O, aunque evitan ratificar la declaración de independencia

CRISTIAN REINO BARCELONA.

Cuatro meses después del último pleno, que validó la proclamación de la república catalana, el Parlament recuperó ayer su actividad para aprobar una resolución que reivindica la «legitimidad» de Carles Puigdemont y del referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y rechaza la aplicación del artículo 155. Un reconocimiento y una restitución simbólica de la figura del expresident -con la mayoría absoluta de JxCat, ERC y la CUP- que está muy lejos de la investidura a distancia que hubiera deseado el exalcalde de Girona, pero que debe facilitar el desbloqueo de la legislatura.

El independentismo proclamó que la destitución del president y su gobierno mediante el 155 fue «ilegal e ilegítima» y expresó su voluntad y compromiso de «restaurar la institución de la Presidencia de la Generalitat». El primer pleno de la legislatura supuso una especie de 'déjà vu' que retrotrajo a los meses de septiembre y octubre, con un hemiciclo bronco y crispado. A pesar del fracaso de la vía unilateral, los encarcelamientos y el 155, el secesionismo sigue sin dar su brazo a torcer y mantiene el pulso con el resto del Estado.

Tanto en lo declarativo: esta resolución es un «punto de partida» hacia la república, «no retrocederemos ni un milímetro», avisó JxCat. Como también por la vía de los hechos. Torrent se estrenó en el cargo marcando distancias con Forcadell y había anunciado que no permitiría iniciativas que pudieran provocar nuevas querellas, pero ayer tomó dos decisiones que pueden acarrearle consecuencias penales. El problema es que estaba en juego la unidad del independentismo y cualquier movimiento que se hubiera podido interpretar como una marcha atrás, podía haber provocado la ruptura de las negociaciones.

Tribunal Constitucional

Torrent, por ello, optó por contentar a sus socios, aun a riesgo de que la Fiscalía le presente una querella, y admitió a trámite, en la reunión de la Mesa previa al pleno, unas enmiendas registradas por la CUP, que buscaban ratificar el 27-O y sobre las que la Fiscalía ya había lanzado su advertencia. Esas enmiendas no se llegaron ni a votar en el pleno, pero para que los cuperos aceptasen el texto final para legitimar a Puigdemont necesitaba un 'tuneado', una transacción, que solo se podía hacer si se tramitaban las enmiendas anticapitalistas. La oposición reclamó una reconsideración, pero la mayoría independentista la desestimó. La mera tramitación puede derivar en problemas legales con el Constitucional.

Torrent pisó una segunda línea roja, al permitir el debate y votación de una referencia al 1-O. El texto que salió aprobado con los votos de los secesionistas reclama el «cese de las injerencias» sobre las instancias judiciales para impedir que se materialice la voluntad democrática «legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación del 1-O», una expresión que, según alertaron los letrados del Parlament, puede chocar con las resoluciones del Constitucional. Como protesta, los diputados de C's y PP no votaron la resolución de JxCat en su conjunto, mientras que el PSC evitó el voto en el punto más controvertido.

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