El número dos de 'Lezo' salva a Ignacio González tras declarar cuatro horas ante el juez

Rodríguez Sobrino tras su detención por la Guardia Civil el pasado 19 de abril . :: Javier López / efe
Rodríguez Sobrino tras su detención por la Guardia Civil el pasado 19 de abril . :: Javier López / efe

Rodríguez Sobrino compareció de forma voluntaria ante García Castellón, que le cambió de prisión para evitar al expresidente madrileño

MATEO BALÍN

madrid. El 'caso Lezo', la investigación judicial por el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de Madrid, tiene dos figuras relevantes por su grado de implicación: Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, y Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la sociedad colombiana Inassa, participada mayoritariamente por una filial del Canal de Isabel II. Ambos están en prisión provisional sin fianza desde el pasado 21 de abril y en el caso de Rodríguez Sobrino aparece en el centro de dos de las seis piezas separadas de Lezo'. Son las referidas a la expansión sudamericana de la empresa pública del agua y al supuesto desvío de dinero en la adquisición de las sociedades Inassa y Emissao. Ésta es una mercantil brasileña por la que se pagó en 2013 más de 25 millones de euros por el 75% pese a tener en contra los informes de auditoria. Una operación «sobrevalorada» cuyo fin, según la investigación, «era desviar a fines privados los fondos públicos utilizados». En total, se estima que unos 20 millones que fueron a parar a cuentas bancarias de Suiza y Brasil.

Estos son los principales indicios que comprometen a Rodríguez Sobrino, quien fuera consejero de Audiovisual Española 2000, editora del diario 'La Razón' hasta su cese a principios de junio. También está «la existencia de un extenso patrimonio» a su nombre o al de su hija, tanto dentro como fuera de España (Reino Unido, República Dominicana o Colombia), y que supuestamente fue adquirido con los beneficios «de aquellos anómalos negocios» con el Canal, empresa a la que el investigado llegó en 2006 y se convirtió en un estrecho colaborador de Ignacio González, presidente de la empresa pública madrileña entre 2003 y 2012.

Rodríguez Sobrino pidió declarar de forma voluntaria la semana pasada ante el nuevo juez instructor -Manuel García Castellón sustituyó a Eloy Velasco hace menos de un mes-. Su estrategia de defensa pasa por revocar la prisión sin fianza por una cuantía asumible para ser excarcelado.Compareció acompañado de un nuevo abogado, el penalista José Antonio Choclán, que en su día llevó la defensa de Francisco Correa en 'Gürtel' o ahora la del exsocio de Francisco Granados en 'Púnica', el constructor David Marjaliza. En suma, un especialista en minimizar daños a sus clientes y buscar confesiones para atenuar las posibles penas de prisión.

Pero en el caso de Rodríguez Sobrino no lo tiene nada fácil. Al panorama descrito se suma el hecho de que el juez posee documentación «que se está revelando importante para el esclarecimiento de los hechos», según detalló en el auto de 7 de julio por el que rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza a María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, para salir de prisión (pagó ese mismo día).

Para contrarrestar su situación, el investigado explicó ayer al juez temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla, y también aspectos sobre su hija Patricia Rodríguez, imputada por presunto blanqueo.

Rodríguez Sobrino abandonó la Audiencia pasadas las 20:00 horas con destino a la cárcel de Estremera (Madrid), un nuevo centro después de que el juez pidiera cambiarle para no facilitar la comunicación con González, recluido en Soto del Real. Detrás de esta decisión podría estar la nueva estrategia de su abogado para que colabore con la Justicia, aunque ayer decidió no incriminar al expresidente madrileño, según las mismas fuentes.

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