El nuevo consejero de Interior asegura que los Mossos permitirán votar el 1-O

El consejero de Interior (cuarto por la dcha.) y el director de los Mossos (segundo por la dcha.) se reunieron con los mandos policiales. :: t. a. / efe

La Fiscalía advierte a la Generalitat de que perseguirá la compra de urnas, aunque se haga de forma encubierta

CRISTIAN REINO BARCELONA.

El nuevo consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, tomó ayer formalmente las riendas de su departamento después de días de controversia por los cambios producidos tras las salidas de Jordi Jané y Albert Batlle, que han puesto en alerta a los sindicatos de los Mossos y a la oposición por la radicalidad de los nuevos responsables de seguridad de la Generalitat.

Forn se estrenó en el cargo con una reunión con los mandos de la Policía autonómica, a los que trasladó dos ideas que sobre el papel podrían resultar contradictorias. Por un lado, el titular de Interior afirmó que los Mossos d'Esquadra están para hacer cumplir la ley, como mantenía sin ambages su moderado antecesor. Pero al mismo tiempo, dijo que el cuerpo autonómico está para permitir que la gente pueda votar y que por tanto garantizará que el próximo 1 de octubre la ciudadanía vote con «seguridad y libertad».

Hacer cumplir la ley y permitir al mismo tiempo que se vote en la consulta del 1-O no será posible, por ejemplo, si el referéndum cuando se convoque de manera oficial es declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, como seguramente ocurrirá, y si un juzgado obliga a los Mossos, como policía judicial, que retiren las urnas y cierren los colegios. Forn, en cualquier caso, no prevé que durante la jornada de votación le llegue ninguna orden judicial, pero aceptó que si se le notificara algún requerimiento tendría que analizarlo. El nuevo consejero debutó también reuniéndose con el delegado del Gobierno, Enric Millo, quien le expresó su «inquietud» y le pidió que siga velando por el cumplimiento de la ley.

Junts pel Sí arranca la campaña para explicar en un centenar de actos cómo se hará el referéndum

Por si acaso, la Fiscalía General del Estado dejó claro ayer que vigila de cerca a la Generalitat. Un día después de que el Gobierno catalán decretara silencio informativo sobre el referéndum para poder trabajar sin la presión de los tribunales, el Ministerio Público le advirtió de que perseguirá penalmente la compra de urnas, tanto si se hace públicamente, como si no. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, avisó que de ambas formas se podría estar cometiendo un delito de malversación de fondos públicos.

La Generalitat decidió el martes cambiar de estrategia y a partir de ahora solo dará a conocer aspectos relativos a los preparativos de la consulta cuando considere que los tiene completados, para evitar que eventuales suspensiones del Constitucional puedan frenar sus planes. De ahí que la llamada ley del referéndum no haya pasado aún de ser presentada en un teatro. La Fiscalía, en cualquier caso, insistió en recordar los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que son claros en señalar que los impulsores del proceso no pueden dar ningún paso en el desarrollo del referéndum porque estarían cometiendo un delito, ya sea de prevaricación, malversación o desobediencia. Carles Puigdemont y sus consejeros tienen cinco advertencias de este tipo del Constitucional, por lo que están en una situación muy comprometida en cuanto firmen cualquier decreto u orden administrativa, como sería la compra de las urnas. «Si se hace encubiertamente, casi se está dando por sentado que aquello es algo inconfesable», apuntó Maza. De momento, la consejera de Gobernación es la única del Gobierno catalán que está imputada, en concreto por el fallido concurso para la compra de las urnas. Además, están investigados la presidenta de la Cámara catalana y cinco miembros de la mesa.

Iceta pide prudencia

Las urnas se han convertido en el fetiche de la pugna entre el Gobierno central y el autonómico. En contra de lo que dice el Gobierno central, que asegura que no habrá referéndum, Puigdemont lleva semanas advirtiendo que el 1-O habrá urnas y estarán llenas. El martes por la noche insistió una vez más y pidió al Gobierno central que «respete la democracia». «Somos un pueblo civilizado», dijo, por lo que «no es necesario que envíen a la Guardia Civil ni a los fiscales» ni «nos echen las cloacas», remató.

Al margen de los avatares, la campaña para el 1-O empieza a elevar el tono y ayer cogió músculo, con la celebración de un centenar de mítines organizados por Junts pel Sí y la ANC, para explicar el referéndum del 1 de octubre. Son, a pequeña escala, actos como el del Teatro Nacional de Catalunya, en el que Puigdemont y Junqueras presentaron la ley del referéndum.

El líder del PSC, mientras, pidió a Mariano Rajoy que actúe en el 1-O como hizo en el 9-N; es decir, dejando hacer. Miquel Iceta cree que no será un referéndum efectivo, sino un «simulacro de votación», sin urnas ni colegios, pero sí «lugares de votación, cajas y algún papelito».

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