Munición electoral del calibre 155

Mientras el PP se aferra a su gestión de la intervención en Cataluña, ese mismo dato alimenta el relato secesionista

NURIA VEGA

madrid. El proceso independentista avanzó siempre bajo la sombra del artículo 155 como último recurso del Estado en defensa de su integridad territorial. «Es la bala de plata», advertían en 2015 los expertos en Derecho Constitucional, escépticos sobre la posibilidad de llegar a una situación extrema en la que la intervención se hiciera necesaria. Y tanto se había escrito sobre este precepto de la Carta Magna que cuando el Gobierno lo puso en marcha, Ciudadanos ya lo había rentabilizado en las encuestas.

Hoy no sólo es una realidad y el marco para la celebración de unos comicios atípicos en Cataluña, sino que se ha convertido en la munición electoral en la guerra de los bloques. Para los independentistas, es la gasolina de su relato victimista; para los constitucionalistas, la prueba del nueve del imperio de la ley.

Cuando el 27 de octubre Mariano Rajoy anunció la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria de elecciones, el Ejecutivo y el PP corrieron a reivindicarse como artífices de la operación para restaurar el orden constitucional en Cataluña. La escalada del independentismo entre septiembre y octubre contribuyó a borrar el estigma sobre un artículo de consecuencias desconocidas. Las reticencias de los partidos, especialmente del PSOE, se evaporaron al calor de las leyes de desconexión, el referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de ruptura. Pero, sobre todo, que la intervención de la Generalitat no haya sido traumática ha desvanecido los recelos y ha ayudado al PP a sacar pecho.

La ausencia de fricciones ha suavizado el 155, pero el soberanismo lo mezcla con decisiones judiciales

La cautela inicial ante la posibilidad de disturbios como respuesta a la decisión del Gobierno enseguida quedó superada. El problema con el que se ha topado el PP es que Ciudadanos ha capitalizado el retorno a la legalidad en Cataluña. La prudencia del Gobierno, que durante meses evitó nombrar el 155 y que en privado dudaba de que la Constitución permitiera disolver el Parlamento catalán, se sumó a la resaca del 9-N, cuando hubo urnas y votación pese a la promesa contraria del Ejecutivo. Por todo ello, los liberales de Inés Arrimadas, sin responsabilidades de gestión, se han hecho con la imagen de la fuerza sin complejos contra el nacionalismo.

A Ciudadanos en campaña ni tan siquiera le ha hecho falta hacer bandera de la intervención. Ya lo hizo en octubre, cuando en público y en privado presionó a Rajoy para que diera el paso e inclusó censuró su tibieza ante la incredulidad del presidente.

Mientras, el PSC trata de no centrar su discurso en su respaldo al 155, un trago que los socialistas entendieron necesario pero no deseable. Miquel Iceta, que trabajó tanto por evitar la declaración de independencia como la respuesta del Gobierno, se presenta como el candidato transversal, dispuesto a romper la dinámica de bloques y no repetir «cuatro años más de líos, crónica judicial, 155 y follones». En ese discurso se entiende la defensa del indulto para los dirigentes secesionistas si son condenados.

'Totum revolutum'

Los independentistas, en cambio, entienden las elecciones como una contienda entre víctimas y promotores de la intervención. No hay término medio. Esa es la encrucijada que plantean: restituir el Gobierno secesionista para ellos legítimo o permitir que el «tripartito del 155», Ciudadanos, PSC y PP, se instale en la Generalitat. «Si gana el bloque del 155, volveremos a la oscuridad del fascismo», dijo el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva.

La destitución de Carles Puigdemont y sus consejeros se mezcla, además, en un 'totum revolutum' con la resolución judicial que mantiene en prisión al exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Ambas circunstancias, junto a las cargas policiales del 1 de octubre, nutren el relato emocional de los secesionistas.

En este escenario sin grises, unos y otros censuran la indefinición de Catalunya en Comú-Podem. En todo caso, forzados por la dialéctica electoral, los comunes, que no comparten la vía unilateral, han cargado más las tintas sobre el 155. Tanto es así que sus socios de Unidos Podemos han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso que cuestiona la aplicación de este artículo en Cataluña. El pronunciamiento, en todo caso, no llegará en campaña electoral.

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