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ANTONIO SANTOS
Lunes, 23 de abril 2018, 00:41
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La disolución de ETA no va a conllevar cambios en el corto plazo en la situación de los escasos terroristas que están en activo. Según fuentes conocedoras de los planes de la banda, los miembros en activo de la organización permanecerán en la clandestinidad a pesar de que sus siglas desaparezcan el próximo viernes 4 de mayo en un acto que se celebrará en un municipio cercano a Bayona.
Seguirán ocultos a la espera de que sus causas prescriban o de que los gobiernos de Francia o España se abran a gestionar su futuro penitenciario de una forma especial. Consideran que el paso del tiempo y la desaparición de ETA como un peligro 'atemperará' la actuación de la justicia contra ellos. No contemplan, en todo caso, una negociación como la que permitió la reintegración en la sociedad de los miembros de ETApm cuando esta desapareció.
La organización terrorista sería consciente, según las fuentes consultadas, de que sus integrantes -una veintena según la izquierda abertzale y apenas una decena según fuentes de la lucha antiterrorista- deberán responder ante la justicia, pero entienden que, una vez ya no exista la banda y, por lo tanto no quede la posibilidad de reincidir, su futuro penitenciario será menos grave que si fueran detenidos como integrantes de un grupo armado.
Mediadores internacionales que participan en el proceso de 'desmovilización' de ETA habrían hecho llegar a la banda varios informes en los que se les explica cómo, de todas formas, las autoridades judiciales rebajarían en varios grados las acusaciones contra los terroristas si decidieran entregarse en vez de esperar a que fueran capturados. Se da la circunstancia, además, de que varios de los integrantes de la banda carecen de delitos de sangre, por lo que sus penas serían menores.
Los terroristas en activo siguen, en este sentido, muy de cerca lo que han comenzado a hacer antiguos integrantes de la organización que permanecen huidos de la justicia española, muchos de ellos en Sudamérica. Se trata de un centenar de personas que, sin vinculación directa con la banda, tienen causas pendientes. Buena parte de ellos han aguardado a que expirarán sus procesos judiciales para regresar a Euskadi o al País Vasco francés. Muchos de ellos han estado asesorados por abogados que han explorado su situación jurídica con consultas ante las fiscalías de España y Francia.
La propia ETA ya emitió varios comunicados en los que abría la puerta al regreso de este colectivo, al que la banda denomina 'refugiados'. Varios de ellos, se habrían reintegrado en Euskadi de forma discreta sin que se haya levantado una gran polémica. Algo similar cree la izquierda abertzale que puede suceder en un futuro y según avancen los meses tras la disolución.
Los asesores jurídicos tanto de los presos como de la izquierda abertzale recuerdan, además, que en los últimos años han podido alcanzar acuerdos con la Fiscalía para que dirigentes independentistas hayan visto reducidas sus condenas a cambio de reconocer los hechos, renegar de la violencia y aceptar las vías exclusivamente pacíficas.
Es, por ejemplo, lo que sucedió con la cúpula de la antigua Batasuna, que recibió unas penas mínimas que evitaron que buena parte tuviera que entrar en prisión. Jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo han asegurado, en este sentido, que una vez desaparecido el peligro de la actividad terrorista, el Código Penal contempla ciertos márgenes para una interpretación más laxa de las leyes.
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