Llarena abre la puerta a rebajar a sedición la acusación contra la cúpula del 'procés'

Manifestantes rodean uno de los coches de la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre. :: Q. García / efe/
Manifestantes rodean uno de los coches de la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre. :: Q. García / efe

El juez del Tribunal Supremo recuerda que la «insurrección» tras el 1-O fue de tal «envergadura» que obligó al Rey a dirigirse a la nación

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena abre la puerta a rebajar los cargos contra la cúpula del 'procés', con Carles Puigdemont a la cabeza, de la acusación de rebelión (penada con hasta 30 años de cárcel) a la sedición (castigada con hasta 15). O incluso dejarlo en «conspiración para la rebelión», en el caso de que no quedara acreditado el uso de la violencia por parte de los promotores de la intentona secesionista del pasado otoño en Cataluña.

Llarena por primera vez se muestra receptivo a estudiar otras tipificaciones en el auto que dictó ayer para rechazar los recursos de reforma de 23 de los 25 encausados en el Supremo por el 'procés' (Antoni Comín y Meritxel Serret no apelaron). Un documento en el que el instructor se ratifica en el auto de procesamiento que él mismo dictó el pasado 21 de marzo por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos o desobediencia.

El juez se reafirma, en principio, en que en los hechos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre del pasado año «concurre el requisito de la violencia del delito de rebelión». Afirma que la actuación de los imputados solo durante el cerco a la Guardia Civil en la Consejería de Economía el 20 septiembre «satisface inicialmente la consideración de fuerza violenta», a lo que hay que sumar que el 1-O se saldó con el «resultado lesivo de numerosos agentes». Unos escenarios que, en su opinión, demuestran que hubo un comportamiento «que va más allá de la legítima reivindicación de un posicionamiento político-ideológico».

«Propósito independentista»

Pero dicho ello, Llarena deja abierto el resquicio a la sedición. Explica que en un auto de procesamiento solo se relatan hechos y las personas supuestamente responsables de los mismos y que la tipificación de los delitos es posterior. «En el caso hipotético de que no se acreditara, como pretenden los recurrentes, que la violencia carecía de capacidad funcional para lograr el propósito independentista, ello no conduciría al sobreseimiento de las actuaciones», ya que los hechos, advierte el instructor, podrían encajar en la sedición del artículo 544 del Código Penal. Ese precepto no necesita de la violencia, sino que basta que los acusados «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes».

Del mismo modo, el juez detalla que, aunque el proceso nunca se hubiera orientado a una declaración unilateral de independencia, como también sostienen los recursos, sino a forzar al Estado a «modificar la realidad constitucional», se podría apuntar a un delito de «conspiración a la rebelión» solo por el «ejercicio ilegal de sus funciones» que hizo el Gobierno de Puigdemont, su «desobediencia institucional» y por el «contexto» de que el «alzamiento violento pudiera emerger como condicionante esencial» del proceso en cualquier momento.

Sea como fuere, y al margen de la controversia sobre el grado de violencia durante el 'procés', el magistrado destaca, a modo de ejemplo, que la «insurrección» llegó a tener tal «envergadura» que el rey Felipe VI tuvo que dirigir un mensaje a la nación el 3 de octubre para «reclamar al Gobierno de la Generalitat que respetara el orden constitucional democrático».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos