Los letrados del Parlament rechazan la 'teleinvestidura' del presidente

C. REINO / N. VEGA

barcelona / madrid. La investidura se le complica cada vez más a Carles Puigdemont. En un informe demoledor, aunque no vinculante, para el expresidente de la Generalitat, los juristas del Parlamento de Cataluña concluyeron ayer que la elección a distancia, desde Bruselas, no es posible.

Para los letrados, es «imprescindible» que el candidato asista al debate parlamentario, previsto para el 31 de enero, y añaden que debe estar presente «sin ningún medio interpuesto ni sustitución de la persona que ha de ser el principal protagonista». Junts per Catalunya plantea una investidura telemática, vía 'skype', o delegada, de tal manera que otro diputado pueda leer el discurso en la Cámara catalana en nombre de Puigdemont, que se resiste a volver a España para evitar ser detenido. Sin embargo, según el texto, la investidura debe celebrarse con la participación «directa y personal» del aspirante. De lo contrario, creen que se estaría vulnerando el reglamento de la Cámara y el Estatuto de autonomía.

El informe, a dos días de la constitución del Parlamento, concluye que el reglamento no contempla entre los supuestos de delegación de voto el no poder regresar del extranjero o estar en prisión, que es el caso de los exconsejeros presos y huidos en Bruselas, y supone toda una patata caliente para las fuerzas independentistas. Los republicanos de Esquerra se comprometieron a respetar el criterio de los letrados, lo que les enfrentará a Junts per Catalunya, que defiende que la última palabra debe tenerla la mesa.

El plazo de la intervención

El de ayer no es el único documento que sostiene la imposibilidad de una investidura a distancia. Los servicios jurídicos del Gobierno redactaron la semana pasada un informe en la misma dirección. Pero, además, Mariano Rajoy advirtió este lunes sobre la consecuencia directa de la pretensión de Puigdemont. El Ejecutivo recurrirá de inmediato cualquier intento de forzar una elección desde Bruselas y, por lo tanto, la maniobra de Junts per Catalunya podría prolongar la intervención de la autonomía catalana.

Según el acuerdo que aprobó el Senado el pasado 27 de octubre, este mecanismo excepcional dejará de estar vigente cuando se conforme el nuevo Gobierno de la Generalitat. «Y no se puede tomar posesión desde Bruselas -incidió Rajoy ante la Junta Directiva Nacional del PP-; por lo tanto, el artículo 155 de la Constitución seguirá en vigor». El presidente puso, además, a salvo de cualquier posible autocrítica la gestión de su Ejecutivo y recibió la mirada de aprobación de su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, cuestionada por algunos sectores del partido. «La respuesta que ha liderado el Gobierno ha sido buena para España -reivindicó-, aunque acaso no para el PP».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos