LEGALIDAD Y ESPERPENTO

ALBERTO AYALA ANÁLISIS

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y los diputados electos en la lista del expresident Puigdemont, Jordi Sánchez (de la ANC) y el exconseller de Interior Quim Forn no podrán abandonar la cárcel por unas horas para participar ni en la sesión constitutiva del nuevo Parlament, el miércoles 17, ni en la de investidura del próximo president de la Generalitat, a finales de enero, según acordó ayer el juez del Supremo Pablo Llarena.

El magistrado justifica su decisión en que no existen garantías de que si autoriza la salida de los diputados independentistas no se produzcan graves altercados de orden público. Además resalta que no hace falta excarcelar por unas horas a Junqueras, Sánchez y Forn para respetar sus derechos políticos toda vez que pueden delegar su voto en un compañero.

La decisión del juez Llarena es desacertada. Porque carece de proporcionalidad. Por estar basada en prejuicios y apriorismos. Y porque resulta discriminatoria a la luz de algún precedente.

Los políticos 'indepes' están en prisión por la presunta comisión de delitos muy graves como son los de rebelión, sedición o malversación de caudales. Y porque el magistrado ha entendido que de liberarlos, como ha hecho con otros exconsellers, podrían repetirse los incidentes.

Pero ni Junqueras, ni Sánchez ni Forn están condenados en firme. Conservan, por tanto, sus derechos. Y en tiempos igualmente convulsos, en 1986, sí se permitió al entonces presunto miembro de ETA Juan Carlos Yoldi acudir por unas horas al Parlamento vasco a defender su candidatura a lehendakari por HB. Un año después, en 1987, Yoldi se vería obligado a dejar el escaño al ser condenado a 25 años de cárcel.

Es cierto que Yoldi debía defender su candidatura a lehendakari, mientras que Junqueras y sus compañeros sólo deben votar la composición de la nueva Mesa del Parlament y apoyar o rechazar al o los candidatos que opten a presidir el próximo Govern.

Pero si en su caso puede existir riesgo de que un eventual traslado derive en incidentes entonces también lo había. Y presuponer que no existen garantías de que las fuerzas de seguridad serán capaces de trasladar al Parlament y devolver a prisión a los afectados es casi una ofensa a su profesionalidad.

Mucho me temo que Llarena acaba de regalar innecesariamente otro argumento para el victimismo independentista. Como para pensar en que el suflé catalán va a bajar más pronto que tarde.

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