Lamela ratifica la fianza de 6,2 millones para Puigdemont y todos los exconsejeros

La juez admite, sin embargo, que el referéndum del 1 de octubre se pagó solo con «una pequeña cantidad» de dinero público

R. G.

madrid. La juez Carmen Lamela ratificó su competencia para instruir la querella de la Fiscalía General del Estado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros por rebelión, sedición y malversación de bienes en el proceso independentista. La instructora confirmó asimismo la fianza impuesta de 6,2 millones de euros, aunque admitió que en el referéndum del 1 de octubre solo se gastó «una pequeña cantidad» de la partida presupuestaria por esa suma.

La titular del juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional desestimó los recursos interpuestos por el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó sobre su competencia para investigar los hechos. Lo hizo poco antes de recibir el escrito del juez del Supremo Pablo Llarena que ha abierto la puerta a la concentración de toda la causa por el referéndum del 1-O en el alto tribunal.

Lamela señala, entre otras razones, que el fiscal general envió la querella el 30 de octubre al «juzgado de guardia» de la Audiencia Nacional, y aquel día el turno era suyo.

Insiste asimismo en lo pertinente de la fianza porque «la simple aparición» de indicios delictivos «permite y obliga» al instructor a fijar una caución. ¿Por qué 6,2 millones de euros? Porque es la cifra con la que «los propios querellados» cuantificaron el gasto de la votación del 1 de octubre. También desestima el argumento de que el Constitucional declarara nula la partida de los presupuestos de la Generalitat (la disposición adicional 40) para la celebración de la consulta porque la Intervención General de Cataluña certificó que «una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria» fue utilizada para financiar la votación». Ese hecho, añade la juez, implica que se sufragó el referéndum «con dinero público no destinado a estos fines».

La juez también insiste en que todos los investigados «urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium)» para realizar el referéndum del 1-O y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre.

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