Junqueras plantea crear una «caja de resistencia» para pagar las multas por el 9-N

El Tribunal de Cuentas amonesta a Puigdemont por tachar su actuación de «indecente»

R. GORRIARÁN MADRID.

Oriol Junqueras aboga por crear «una caja de resistencia» para cubrir las sanciones económicas que pueda imponer el Tribunal de Cuentas por el 9-N. El vicepresidente del Gobierno catalán calcula que si cada uno de los 2.344.828 votantes de aquel día aporta poco más de dos euros podrán sufragar los 5,1 millones que costó la consulta y que es la multa que el órgano supervisor podría imponer al expresidente Artur Mas y sus exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.

El también líder de Esquerra se mostró convencido en un artículo publicado ayer en el diario El Punt Avui y en la web El Nacional.cat de que los votantes del 9-N estarán «más que satisfechos de aportar esa cantidad». Se trata, explicó, de crear un fondo «al servicio de la democracia» para afrontar «la factura económica» de la votación y demostrar que «el país no dejará en la estacada a nadie comprometido con la libertad».

La idea de la colecta fue lanzada por algunos dirigentes independentistas el pasado miércoles, cuando el tribunal hizo pública la admisión de la denuncia contra Mas y sus tres exconsejeros y el rechazo del recurso de la Generalitat. La propuesta parecía que no iba a ir más allá hasta que Junqueras la puso ayer negro sobre blanco para que el patrimonio personal de los impulsores del 9-N y de los del 1-0 no se vea amenazado por las resoluciones judiciales.

El Tribunal de Cuentas no comentó nada sobre la caja de resistencia, pero se revolvió contra el Gobierno catalán por las duras críticas recibidas por abrir el proceso contra el expresidente y sus colaboradores. En concreto contra la acusación de tener un comportamiento «indecente» que lanzó Carles Puigdemont. El órgano supervisor se mostró extrañado por «la gravedad de las descalificaciones» de la máxima autoridad de la Generalitat y que también es «la más alta representación del Estado» en Cataluña.

El tribunal señaló en una nota que actúa a «instancia de parte», no de oficio, para «la recuperación de los fondos presuntamente perjudicados» por el 9-N. Señala que el procedimiento es el habitual y que ahora tiene que designar un delegado instructor, «quien podrá tomar medidas provisionales», como imponer una fianza a los investigados o embargar sus bienes mientras dure el proceso. Pide asimismo a los gobernantes catalanes que no viertan juicios de valor porque «hasta el momento no se ha adoptado medida alguna» contra los denunciados.

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