Junqueras pide al juez el traslado a una cárcel catalana para acudir al Parlament

Junqueras llega a la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre. :: JAVIER BARBANCHO / reuters/
Junqueras llega a la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre. :: JAVIER BARBANCHO / reuters

La Fiscalía del Tribunal Supremo estudia cambiar su postura sobre la prisión incondicional del líder de Esquerra

MATEO BALÍN

madrid. Oriol Junqueras quiere participar de forma activa en la vida parlamentaria catalana y ejercer su derecho a la participación política, una vez que el próximo miércoles recoja su acta de diputado. El exvicepresidente de la Generalitat, en prisión provisional sin fianza desde el pasado 2 de noviembre, pidió ayer al juez instructor del Tribunal Supremo que le traslade a una prisión de esa comunidad a fin de facilitar su desplazamiento al Parlament y estar presente, al menos, en el pleno de constitución de la Cámara y en el de investidura, que podría celebrarse el 31 de enero.

Andreu Van den Eynde, abogado del presidente de Esquerra Republicana, solicita en su escrito al juez Pablo Llarena que sea trasladado «de forma urgente» a una cárcel catalana para evitar que su situación afecte «a la dinámica de las mayorías parlamentarias», dado que su voto es «indelegable» y su función en el plenario «no puede ser sustituida».

La defensa de Junqueras ha optado por solicitar el traslado al juez en vez de acudir a Instituciones Penitenciarias, responsable de la situación de los presos y que el pasado noviembre denegó la petición del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez para desplazarse a la cárcel de Cuatro Caminos, en Barcelona.

El escrito invoca el derecho de un diputado electo a ejercer «sus funciones políticas esenciales» y advierte de que impedir a Junqueras asistir a las sesiones del Parlament «modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular, que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas».

La defensa precisa que la presencia de Junqueras en el pleno de constitución del Parlament, con las medidas de vigilancia que se consideren adecuadas, es «insustituible» ya que «determinará la mayoría para la elección de la Mesa». También en el pleno de investidura, agregó, su voto «resulta indelegable».

«Derechos personales»

Según el escrito del abogado, el reglamento del Parlament establece que los diputados tienen el deber de asistir a los debates y votaciones del pleno, por lo que pide al juez que ordenó que siga en prisión que le permita permanecer en una cárcel catalana desde la que pueda hacer «las salidas propias de sus funciones». Unas salidas que se solicitarían a medida que se anuncien las sesiones.

Por ello, solicita que proteja «un derecho tan fundamental como el de participación política» y advierte de que no se puede «sacrificar» el derecho a voto de Junqueras «sin producir daños irreparables y afectar a derechos e intereses legítimos de terceros». El escrito añade que el traslado de Junqueras a Cataluña para asistir a los plenos supondría «una notable reducción de costes de todo tipo, inherentes al uso de conducciones y vigilancias», y apela también a los «derechos personales» del exvicepresidente de estar cerca de su esposa y sus dos hijos de dos y cinco años.

Este escrito y las declaraciones de hoy de los otros tres presos preventivos en la causa del 'procés', el exconsejero de Interior Joaquim Forn y los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, podría hacer cambiar la postura de la Fiscalía del Supremo sobre la situación personal de Junqueras, según señalaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía ya lleva unos días estudiando el horizonte que se abre tras la anunciada petición del líder de ERC y entre los muchos documentos que valora está el precedente de Juan Carlos Yoldi. El entonces preso de ETA fue autorizado en febrero de 1987 a desplazarse desde una prisión al Parlamento vasco para asistir a un pleno de investidura. Él mismo fue el cabeza de cartel de Herri Batasuna y diputado durante un año hasta que fue inhabilitado tras la condena firme del Supremo.

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