Junqueras y todos los exconsellers presos reniegan de la DUI para conseguir la libertad

Los exconsejeros del Govern que no viajaron a Bruselas se dirigen a declarar ante la juez Lamela el 2 de noviembre. :: Ignacio Gil/
Los exconsejeros del Govern que no viajaron a Bruselas se dirigen a declarar ante la juez Lamela el 2 de noviembre. :: Ignacio Gil

El exvicepresidente es el único miembro del Gobierno catalán destituido que no acata expresamente el 155, aunque asume su efecto

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

Oriol Junqueras y todos los exconsejeros presos quieren recuperar la libertad antes de las elecciones del 21 de diciembre y lo apuestan todo a la 'vía Forcadell', aunque eso suponga reconocer que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue poco más que un brindis al sol sin valor jurídico y a pesar de que ello suponga dejar en papel mojado sus promesas republicanas.

Solo minutos después de que el Parlament aprobara la DUI el pasado 27 de octubre, el entonces vicepresidente catalán dio la bienvenida a la «nueva república» en su discurso. Menos de cuatro semanas después, Oriol Junqueras, desde la cárcel de Estremera, reniega ahora de aquella declaración y asegura que lo aprobado en la cámara autonómica tenía un valor «estrictamente político», es decir, sin validez jurídica.

Se trata de la misma expresión que le sirvió a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, para escapar de la cárcel con una fianza. Ese mismo argumento, con algunas variantes, es el que usan también los siete exconsejeros presos junto a Junqueras en sus recursos de apelación ante la Audiencia Nacional para conseguir su libertad.

Pero el cabeza de lista de Esquerra no va tan lejos como sus compañeros. Jordi Turull o Josep Rull acataron el 155 sin reparos en sus escritos presentados el lunes, aunque ayer lo intentaran matizar en un mensaje en Twitter. Joaquim Forn, Raül Romeva, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Dolors Bassa presentaron ayer alegatos muy similares.

El exvicepresidente, sin embargo, es menos claro. Se niega a reconocer de manera expresa la validez legal de la intervención de la Generalitat por parte del Ejecutivo central, pero se queda cerca.

Sin reuniones

En su intento de que también a él se le aplique la 'vía Forcadell' para salir a la calle antes de las elecciones del 21 de diciembre, Junqueras sostiene que es palmario que, aunque no acate el artículo 155, el Govern de Carles Puigdemont ya no tiene ningún poder, en tanto en cuanto «no se ha reunido desde el día de su cese y no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre».

«Es evidente que los encausados, a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros», apunta el escrito, dando una de cal y una de arena.

El malabarismo de Junqueras en su recurso es complejo. Todavía defiende la «legitimidad» del Govern destituido, pero al tiempo reniega de la DUI y dice «compartir» el «objetivo» de la «aplicación del artículo 155» de poner en marcha un «proceso electoral», aunque haya sido «fijado por el Gobierno de España». Al final, una suerte de acatamiento suave del 155 por la vía de los hechos, pero sin llegar a reconocerlo.

«No caigamos en antiguos errores. Junqueras fue cesado por el 155 y ha decidido ganar las elecciones. Efectivamente aceptó el cese, pero desde la discrepancia política, nada más», indicó ayer en las redes sociales el letrado del exvicepresidente, Andreu Van den Eynde.

«Lesiona»

Junqueras, como la mayor parte de los exconsejeros encarcelados, no oculta que su objetivo de recuperar cuanto antes la libertad es participar en las elecciones. Por ello, insiste en que la prisión preventiva para un «actor de la escena política actual», como se define él mismo, le provoca un importante «daño reputacional» en plena precampaña.

Según el líder de Esquerra, su encarcelamiento «lesiona irremediablemente» su derecho a la participación política, pero también el del conjunto de la ciudadanía, que se ve privada del derecho a la «representación política». Así, insiste en que la prisión es una medida «profundamente desproporcionada», que podría sustituirse sin problemas por otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte, las presentaciones regulares o una fianza.

Las elecciones son un argumento recurrente en los escritos de todos los encarcelados, particularmente en el de Forn. El que fuera consejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos afirma que precisamente la celebración de los comicios de diciembre aminora cualquier riesgo de reiteración delictiva porque «el marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan más bien a soluciones de compromiso y entente».

En su escrito de apelación ante la Audiencia Nacional, el exconsejero de Interior destaca que «asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia». Es más, asegura que jamás instó a la rebelión a los 17.000 agentes de la policía catalana.

Como el resto de los encarcelados, Forn recuerda que no puede destruir pruebas porque está «desvestido de autoridad» y que desde su destitución no ha tomado ninguna decisión que ponga en duda la aplicación del artículo 155.

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