Junqueras desoye a Montoro y no identifica a sus interventores

Oriol Junqueras atiende ayer a los medios junto al secretario de Hacienda, Lluis Salvadó. :: Quique García / efe

Hacienda esconde sus cartas y evita avanzar las medidas que adoptará tras vencer hoy el ultimátum que dio a la Generalitat

ANDER AZPIROZ

Madrid. La Generalitat se niega a levantar el pie del acelerador en el camino sin retorno que ha emprendido con destino al referéndum del 1 de octubre. No importa el ámbito en el que se le requiera desde el Estado central un paso atrás, ya sea el judicial, el político o el económico.

El enésimo pulso entre administraciones se ha dado a raíz del requerimiento del Ministerio de Hacienda para que el Gobierno catalán certifique semanalmente sus gastos, una medida destinada a que Madrid pueda comprobar que ni un solo euro de dinero público va a parar a los preparativos de la consulta unilateral. El consejero de Economía y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, cumplió ayer con la obligación a medias. Sí envío los números al departamento que dirige Cristóbal Montoro, pero se negó a revelar el nombre de los interventores que realizaron este informe. Precisamente, conocer a los autores de la auditoría es una de las exigencias de Hacienda, que el pasado jueves envió un requerimiento a la Generalitat en el que se la conminaba a dar esta información en 24 horas, plazo que culmina en la mañana de hoy.

Pero Junqueras ha hecho caso omiso del ultimátum. En una carta dirigida este viernes a Montoro, notifica que él se hace cargo de toda la responsabilidad respecto a los certificados que se remitan. «En tanto que superior jerárquico de la Interventora General, he asumido, y así se lo he comunicado, las funciones de recepción de los requerimientos de información que a aquella le puedan ser efectuados», afirma el consejero de Economía en la misiva.

Hacienda no esta dispuesta a ceder ante las maniobras de la Generalitat, no tanto porque sospeche que se están desviando fondos para la consulta sino porque la desobediencia de Junqueras supone un nuevo desafío directo al Gobierno central. Es más, según reconoció Montoro el pasado jueves, su departamento conoce a la perfección las identidades de los interventores, los mismos que ya elaboraban los certificados de gasto de forma mensual antes de que el Gobierno central decidiese estrechar el cerco sobre la Generalitat. Pero exige que se cumpla hasta la última formalidad, y la firma de los interventores en la documentación es una de ellas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda eludieron pronunciarse ayer sobre la respuesta que pueda darse tras agotarse el plazo dado al Gobierno catalán e insistieron en que se actuará «paso a paso». Aun así, existen antecedentes de incumplimientos que podrían dar alguna pista. Es el caso de Aragón y Extremadura, a los que se les cortó el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) debido a sus excesos en los plazos de morosidad. El Estado se hizo cargo de los pagos a sus proveedores, cantidad que después retuvo de los recursos del sistema de financiación.

En el frente legislativo, las fuerzas independentistas aprobaron ayer con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP la ley del código tributario de Cataluña, embrión de una futura hacienda propia. Aunque es un primer paso en los planes secesionistas para la desconexión, la norma no desafía directamente al Estado, ya que se ha diseñado de forma minuciosa para que no desborde los límites del Estatuto de Autonomía ni la legislación vigente. El propósito es llevar a cabo una modificación en el futuro, ésta ya sí con contenidos que exceden la Constitución. «Es una ley importante para el despliegue de la futura hacienda catalana», reconoció el secretario de Hacienda Lluís Salvadó.

El siguiente paso hacia la independencia se dará el lunes con el registro en el Parlament de la Ley del Referéndum, que entre otras cosas establece que se podrá declarar la independencia en 48 horas de imponerse el sí el 1 de octubre o no fija un mínimo de participación para dar validez a la consulta. En un gesto para la galería, los 71 diputados de Junts pel Sí y la CUP estamparon su firma en el texto. La ley no se comenzará a tramitar hasta que sea admitida por la mesa de la Cámara el 16 de agosto. Se trata de una de las normas que las fuerzas secesionistas tienen intención de aprobar por la vía exprés.

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