El juez rechaza el último intento del PP por evitar el juicio de los ordenadores

Desestima aplicar la 'doctrina Botín' y sienta en el banquillo al partido por la destrucción de los discos duros de Bárcenas

M. BALÍN / N. VEGA

Madrid. La magistrada Rosa María Freire desestimó ayer la petición del PP y su tesorera y acordó la apertura de juicio oral por el borrado de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas en la sede nacional de los populares. La decisión lleva definitivamente a la formación conservadora al banquillo de los acusados por un delito de daños informáticos y convierte a la organización de Mariano Rajoy en la primera fuerza política que será juzgada en España por una causa penal.

El auto dado a conocer ayer acuerda proceder también contra la tesorera de los populares, Carmen Navarro, el abogado del partido, Alberto Durán, y el informático José Manuel Moreno. Los tres han sido investigados por el mismo delito de daños informáticos, pero en su caso, afrontan también una acusación de encubrimiento, que no podría atribuirse en ningún caso al PP como persona jurídica. Según la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, todos ellos habrían destruido los dos ordenadores «a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas».

El partido de Rajoy había intentado evitar el banquillo aferrándose a la llamada 'doctrina Botín', que toma el nombre del banquero fallecido y que impide el enjuiciamieno cuando sólo lo plantea la acusación popular, ejercida en este caso por Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el Observatori Drets Humans.

Dado que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no revisten relevancia penal y que el propio Bárcenas resolvió también retirar los cargos en septiembre de 2016, lo que procedía, según la defensa del PP y su tesorera, era el archivo del caso. Rechazada la petición, la formación conservadora tiene aún la oportunidad de volver a esgrimir ese argumento en la primera sesión del juicio, en el trámite de las cuestiones previas.

La magistrada se ha inclinado por no entrar en el fondo del asunto y dejarlo en manos del órgano que juzgará los hechos. De todas formas, da a entender que, al menos por ahora, no cabe aplicar la 'doctrina Botín' al no quedar claro que Bárcenas sea el único afectado por la destrucción de los discos duros que supuestamente podían contener información sobre la financiación del PP. De hecho, hace referencia al auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó el procesamiento el 3 de noviembre y que advirtió de que con el borrado de los ordenadores se impidió «la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia». La que investiga la presunta 'caja b' de los populares.

El escrito de las acusaciones

Este es el mismo criterio que sostienen las acusaciones populares. En concreto, Izquierda Unida concluye que la destrucción de los discos duros va más allá de los daños causados a Bárcenas como extesorero del PP y persona que utilizaba esos ordenadores; que el borrado de datos pudo obstaculizar la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación del partido.

La formación mostró ayer su «satisfacción» tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 32. «Somos conscientes -apuntó en una nota- de que el PP seguirá intentando utilizar todas las artimañas y estrategias procesales posibles para evitar una sentencia condenatoria».

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