El juez propone juzgar al expresidente de Murcia también por el 'caso Auditorio'

Tras el 'caso Púnica', Pedro Antonio Sánchez está procesado ahora por tres delitos por la obra de un teatro cuando era alcalde de Puerto Lumbreras

RICARDO FERNÁNDEZ

murcia. Prevaricación continuada, fraude de fondos públicos y fraude de subvenciones. Estos son los tres delitos que Julián Pérez-Templado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, atribuyó formalmente ayer al expresidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por el llamado 'caso Auditorio'. El procesamiento del máximo responsable del PP en la región y diputado autonómico lo conduce de manera prácticamente inevitable a sentarse en el banquillo por esta causa, que viene a sumarse al 'caso Púnica', que ya hace unas semanas le dejó a un solo paso del juicio por supuesto fraude, cohecho y revelación de información reservada (en ambos casos quedarían pendientes los recursos de apelación ante la sala civil y penal).

El magistrado Pérez-Templado considera, en la línea de lo mantenido por la Fiscalía Superior a lo largo de los dos últimos años, que existen indicios suficientes de delito contra Sánchez por todo el proceso de obtención de una subvención de seis millones de euros y la posterior adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, que se desarrolló en los años en que éste era alcalde de esa localidad.

Quince exonerados

En el previsible camino hacia el banquillo lo acompañan exclusivamente el arquitecto Martín Lejarraga, autor del proyecto del centro cultural, y Vicente Gimeno, representante legal de la constructora Ecisa, que fue la que se encargó de levantar el auditorio. Ambos están acusados de cooperación necesaria en el delito de prevaricación o de fraude contra fondos públicos.

El magistrado exculpó, sin embargo, a quince encausados, entre los que se encontraba una decena de exconcejales lumbrerenses y altos funcionarios municipales, por considerar que su participación en los hechos no fue lo suficientemente relevante como para tener que responder penalmente de su conducta.

El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad declarada, y los cambios del contrato originario acordados por el exalcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus aparentes responsabilidades.

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