El juez Llarena ordena la detención de Anna Gabriel solo si vuelve a España

La exportavoz de la CUP Anna Gabriel posa ayer en Ginebra junto a su abogado, Olivier Peter. ::  Salvatore Di Nolfi / efe/
La exportavoz de la CUP Anna Gabriel posa ayer en Ginebra junto a su abogado, Olivier Peter. :: Salvatore Di Nolfi / efe

El instructor sigue la misma estrategia que con Puigdemont y congela el proceso de extradición de la dirigente de la CUP tras el aviso de Suiza

MATEO BALÍN MADRID.

Anna Gabriel tendrá tiempo para retomar sus clases de Derecho en Suiza. La exdirigente de la CUP no vivirá en Ginebra, al menos de momento, pendiente de una petición de extradición a España o de una orden de detención internacional. La razón no es otra que la resolución dictada ayer por el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', en la que Gabriel está imputada por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos junto a otros 27 investigados.

El magistrado Pablo Llarena respondió a su incomparecencia en el Supremo, donde estaba citada a declarar a las 9:30 de la mañana, con un auto de apenas dos páginas. En esta resolución ordenó la detención y puesta a disposición del alto tribunal de Gabriel por sustraerse de la acción de la Justicia. El instructor explicó que esta licenciada en Derecho y educadora social de 45 años no alegó una causa legítima que justificara su ausencia y, en virtud del artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estimó el desacato en una orden de detención.

La novedad es que Llarena solo decretó su arresto en España. No tomó en cuenta que la Fiscalía del Supremo, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por el partido Vox, solicitaron un auto de prisión como paso previo a la orden internacional de arresto en virtud del procedimiento de extradición.

Gabriel afirma que se ampara en la Justicia suiza para «colocar ante un espejo al Estado español»

El magistrado dejó así a la exportavoz de la CUP en la misma situación que el expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, a quienes retiró la euroorden remitida a Bélgica por su colega de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. El motivo era el temor de que fueran entregados sin que se les pudiera juzgar por los delitos centrales por los que se le investiga, rebelión y sedición, debido a que el Código Penal belga no los recoge. En cambio, Llarena sí mantuvo vigente al asumir la causa de Lamela la orden de detención nacional en caso de que volvieran a España.

En el caso de Anna Gabriel, otra de las razones por las que el juez no quiere asumir riesgos es que Suiza no es miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, no rige en su ordenamiento la citada herramienta de la euroorden. Un proceso de extradición, por otro lado, dilataría en exceso la investigación del 'procés' e, incluso, se arriesgaría a que se retiraran los delitos más importantes en caso de que fuera juzgada en el Supremo.

«Nos quieren humillar»

Este último tema no es menor y quizá Llarena se diera ayer por enterado tras conocer que el portavoz de la Oficina Federal de Justicia de Suiza. Folco Galli declaró al diario local 'Le Temps' que su país rechaza «a priori» proceder con la extradición de Gabriel si el juez la llegara a solicitar. «Se trata con toda probabilidad de un delito político. Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ningún motivo aunque el delito existiera en los dos países», afirmó.

Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece «una pena privativa de al menos un año» para aquel que cometa actos tendentes «a modificar por la violencia la Constitución helvética o de un cantón».

No obstante, el portavoz de la Oficina Federal de Justicia se mostró cauto mientras su departamento no reciba una comunicación de las autoridades españolas, algo que de momento no va a ocurrir. En cambio, en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que no prevé «ninguna dificultad» para la extradición.

En una entrevista concedida a TV3 desde Ginebra, Gabriel se mostró sorprendida por la decisión de Llarena y afirmó que no está en Suiza porque haya elegido vivir allí, sino porque entiende que «la falta de derechos que sufren los independentistas» catalanes le ha llevado a tomar esta decisión. «No es nada agradable, dejas atrás a los tuyos, lo digo por los que creen que pasamos unas vacaciones. Los delitos que nos atribuyen no existen, no hemos provocado violencia, hay simplemente una persecución política y nos quieren humillar y y castigar. Esta es la mejor forma de colocar ante un espejo al Estado español», añadió.

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