La juez Lamela apunta a una gran causa contra decenas de mossos por su papel el 1-O

La juez Carmen Lamela por ahora tiene un listado de imputados muy corto: el cesado mayor del cuerpo, Josep Lluis Trapero, y la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana. Al primero ya le acusa de haber impartidos órdenes orales y secretas para desobedecer las instrucciones de desalojar los colegios en la jornada del referéndum del 1 de octubre. A la segunda, de haber ignorado las peticiones de auxilio de los guardias civiles acosados por la multitud en los registros del 20 de septiembre en Barcelona.

Pero la causa de Lamela podría ampliarse a un número mucho mayor. La juez cuenta con el listado completo de los 7.850 agentes autonómicos que participaron en el dispositivo del 1-O. Las fuerzas de seguridad, por su parte, tienen ya decenas de nombres de mossos que se negaron a actuar el día de la votación y que han sido identificados gracias a sus indicativos y a las innumerables imágenes distribuidas en las redes sociales.

La juez y la Guardia Civil, igualmente, tienen en su punto de mira a varios mandos policiales, además de Trapero, que se encargaron de instruir a sus subordinados para que no ayudaran en el desalojo de los colegios.

La unificación decidida ayer por el Supremo no termina con el continuo solapamiento de investigaciones. Una veintena de juzgados barceloneses indagan, a raíz de denuncias de particulares, supuestos episodios de inacción de los Mossos el 1 de octubre.