La juez envía a prisión incondicional a los comisarios Villarejo y Salamanca

Lamela encarcela también al empresario Rafael Redondo y deja en libertad al resto de investigados en la 'operación Tándem'

MATEO BALÍN MADRID.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó ayer por la noche el ingreso en prisión incondicional del comisario jubilado José Manuel Villarejo, de su socio empresarial Rafael Redondo y del comisario en activo Carlos Salamanca, jefe de la Unidad Central de Redes de Tráfico Ilegal y Falsificación (UCRIF) y antiguo responsable del aeropuerto de Barajas. Lamela tomó esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase en una vistilla celebrada al concluir las declaraciones la prisión provisional sin fianza para los tres investigados en la 'operación Tándem'. Se les atribuye delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. En el caso de Salamanca, además, le imputan un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los otros cuatro investigados que pasaron a disposición judicial quedaron en libertad y solo la mujer de Villarejo, Gema Isabel Alcalá, con medidas cautelares: retirada del pasaporte. Los tres restantes son el hijo del comisario jubilado del mismo nombre, José Manuel Villarejo, el hijo de Carlos Salamanca y Juan Carlos Escudero. La causa dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número tres sigue secreta.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en la Audiencia Nacional contra los investigados tras las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que practicó las detenciones el pasado viernes y una docena de registros en Madrid, Valencia y Málaga. Fuentes jurídicas informaron que las órdenes de detención son de Anticorrupción y el auto de entrada y registro de la juez.

En los registros en los domicilios de Villarejo los agentes hallaron 180.000 euros en metálico.Según la Fiscalía, ambos se sirvieron de sus puestos para recibir elevadas sumas de dinero.

Asuntos Internos había investigado durante meses el entramado empresarial de Villarejo y desarrolló una operación para desmantelar una organización criminal cuyo principal objetivo era la reintroducción en España y otros países de la Unión Europea de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios.

Así lo explicó el viernes la Fiscalía, que sostiene que tanto Villarejo como Salamanca se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, «especialmente sensibles para la seguridad nacional», para recibir «elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos».

Todo ello a cambio de sus servicios especializados «de inteligencia» y de «facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español». Fuentes de la investigación apuntaron que entre las prácticas de esa supuesta red criminal estaba la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo, que se definía como «agente encubierto» y se jubiló en agosto pasado.

Fuentes jurídica señalaron que durante los registros en las viviendas de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid) y Estepona (Málaga) los agentes han encontrado 180.000 euros: 80.000 en una caja fuerte en la primera vivienda y 100.000 en la segunda, «vinculada a una herencia familiar». Las mismas fuentes explicaron que Villarejo declaró 45 minutos y respondió a las preguntas de los fiscales. Justificó que sus empresas fueron creadas durante los años ochenta y principios de los noventa, cuando estuvo de excedencia, y que posteriormente al volver a la actividad fueron utilizadas para actividades policiales. Mencionó un informe de 2012 al que el CNI le dio cobertura sobre las actividades del hijo de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial.

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