Investigan a una senadora del PP por el 'caso Púnica'

M. BALÍN MADRID.

El Tribunal Supremo acordó abrir un procedimiento e investigar a Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho. La Sala de lo Penal ha designado instructora de esta causa a la magistrada Ana María Ferrer. En su auto, notificado ayer, la sala recoge los hechos imputados a la aforada en la exposición razonada enviada por el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

En la misma exposición, Velasco exponía que Pilar Barreiro, ante las noticias negativas que se publicaban sobre ella en las redes sociales relativas a su participación en delitos de corrupción urbanística, se puso en contacto con el empresario Alejandro de Pedro, supuesto conseguidor de la 'Púnica', para que su compañía realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales, costeando el erario público los trabajos personales de la alcaldesa. Para la sala, los hechos más relevantes imputados a la aforada se refieren a la existencia de un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y de otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Respecto al primero, el juez de la Audiencia Nacional recogía en su exposición los indicios incriminatorios que revelaban que Pilar Barreiro asistió a reuniones donde germinó con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena el plan defraudador, con la puesta en marcha de sus redes sociales y la creación de un diario digital a su servicio que costearía el consistorio subrepticiamente.

En relación con la concertación para defraudar a la Consejería de Educación, el juez daba cuenta de los indicios que revelaban que la aforada participó en la elaboración concordada de un nuevo plan criminal para que esta consejería sufragase subrepticiamente el gasto por los trabajos de reputación más completos que la empresa EICO iba a realizarle a ella, y al expresidente Pedro Antonio Sánchez, por la adjudicación de un contrato de cobertura, con el objeto simulado de «formación».

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