Interior convierte las expulsiones de yihadistas en uno de los vértices de la política antiterrorista

Policías trasladan a una detenida por yihadismo en Melilla en diciembre de 2014. :: Jesús blasco/Reuters.

El Gobierno ha deportado en la última década a 154 expresos y ha intensificado el destierro de colaboradores y captadores

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

Es, quizás, la faceta de la política antiterrorista del Gobierno más oculta. El Ministerio del Interior, amante de las estadísticas sobre detenciones y operaciones yihadistas, nunca facilita datos oficiales sobre esta estrategia que, coinciden todos los responsables de la seguridad del Estado, está siendo «extremadamente eficaz». Son las expulsiones sumarias, por vía administrativa, de yihadistas a sus países de origen. Ya sean terroristas, captadores o colaboradores que han cumplido condena o simples sospechosos de simpatizar con postulados radicales del islam.

Este periódico ha tenido acceso a las más recientes estadísticas oficiales de Interior que dan buena cuenta del volumen de estas deportaciones que comenzaron a practicarse, de forma tímida entonces, tras los atentados del 11-M de 2004. Solo en la última década han sido expulsados 154 expresos de forma administrativa. Esto es, no porque la sentencia en sí ordenara su destierro tras su paso por prisión, sino usando los artículos 54 y 57 de la ley de extranjería que facultan al Estado a deportar a cualquier foráneo que incurra, siempre a criterio de la Administración, en una «infracción muy grave» por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países».

De los 154 expulsados, 103 eran exreclusos condenados por pertenencia a banda armada o participación en atentados. Entre los deportados por esta vía están, al menos, cuatro de los condenados de la matanza de los trenes en Madrid. En 2014 fue repatriado a Marruecos Rafa Zouhier, el confidente que ayudó a la célula a conseguir en Asturias los explosivos. Este mismo año han sido desterrados otros dos exconvictos del 11-M, entre ellos, Youssef Belhadj, considerado el 'cerebro' de los atentados, que en febrero fue trasladado, tras doce años de prisión en España, a Marruecos, donde se enfrenta a nuevos cargos.

Solo el año pasado fueron desterrados 32 captadores y proselitistas tras cumplir una corta condena

Pero las cifras de condenados por pertenencia a banda terrorista se han ido reduciendo en los últimos años con la eclosión del Daesh. La inmensa mayoría de los detenidos en el último lustro lo ha sido por colaboración con el Estado Islámico, tanto captación, como adoctrinamiento, autoadoctrinamiento o viajes a Siria e Irak.

En 2015 se reformó el Código Penal precisamente para poder castigar penalmente esas nuevas formas de terrorismo que antes no se contemplaban. El nuevo artículo 575 pena con prisión de dos a cinco años la «capacitación» propia, el «adoctrinamiento», el «adiestramiento militar», el proselitismo por cualquier vía de comunicación, el acceso a páginas yihadistas, o la ayuda para viajar a una zona controlada por un grupo terrorista.

Son penas cortas que el Ministerio del Interior está completando, en el caso de extranjeros, con la expulsión automática e inmediata tras el cumplimiento de la condena. Las cifras son crecientes. En solo tres años, desde la entrada en vigor de la reforma, han sido deportados 51 expresos por cuestiones de «seguridad nacional». Solo el pasado año 32 exreclusos yihadistas de 'segundo nivel' (penas cortas del 575 del Código Penal) fueron llevados a la fuerza a su país de origen. En los siete primeros meses de 2017 han sido desterrados de España 14 exreclusos que fueron condenados por autoadoctrinamiento, captación, proselitismo en las redes o simplemente por ser simpatizantes, casi siempre, del Daesh.

Los mandos de la lucha antiterroristas están especialmente satisfechos con las crecientes expulsiones de estos yihadistas de 'segundo nivel', que fueron capturados sin planes de atentar en España y sin armas pero que -aseguran- eran «potenciales» 'lobos solitarios', que en cualquier momento podían haber dado el paso para intentar atacar en territorio nacional o en Europa.

Sin condena

Pero si las expulsiones de los exreclusos yihadistas son una faceta desconocida de la lucha antiterrorista, aun más secretas son las deportaciones de sospechosos, jamás condenados, que también están siendo desterrados en aplicación de la ley de Extranjería y su supuesta participación en actividades contrarias a la «seguridad nacional». Sobre el volumen de estas expulsiones administrativas sumarias sin condena no hay datos oficiales, pero, según admiten los responsables de la seguridad del Estado, se están produciendo continuamente.

Sobre todo, desde que a finales del pasado año el Tribunal Supremo, tras años de deportaciones, diera su visto bueno al destierro de radicales islámicos aunque sean absueltos o se archiven las acusaciones contra ellos.

Entonces, la Sala de lo Contencioso del Supremo avaló expresamente estos destierros «administrativos» basados en la ley de extranjería, dando la razón a la Audiencia Nacional, que en diciembre de 2015 ya había zanjado que librarse de una «imputación delictiva» no era suficiente para evitar la expulsión si hay indicios de amenaza para la «seguridad nacional» como era el caso del argelino Nouh Mediouni, que, tras pasar diez meses en prisión, jamás fue procesado.

Hasta entonces, estos fallos de la Audiencia Nacional no habían llegado al alto tribunal porque en la inmensa mayoría de los casos los deportados y sus abogados tiraban la toalla, ya que los extranjeros hacía meses, o incluso años, que estaban fuera de España y, casi siempre, ilocalizables.

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