Los independentistas amenazan con burlar la suspensión del Constitucional

Turull y Puigdemont conversan durante el pleno en el que se aprobó la reforma del Reglamento del Parlament. ::  Quique García / efe/
Turull y Puigdemont conversan durante el pleno en el que se aprobó la reforma del Reglamento del Parlament. :: Quique García / efe

La Generalitat recurrirá la anulación de la reforma para la ruptura exprés pero Junts pel sí y la CUP avisan de que hay otros cauces parlamentarios

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

El Gobierno de la Generalitat anunció ayer que presentará un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional para que reconsidere su decisión de suspender cautelarmente la reforma parlamentaria pensada para dar cobertura a una secesión exprés, pero las fuerzas independentistas aseguran que, en todo caso, la última maniobra del Ejecutivo de Mariano Rajoy les preocupa poco. Junts pel Sí y la CUP recordaron que el reglamento de la Cámara catalana ofrece otros cauces para aprobar la ley del referéndum registrada este lunes por la vía de urgencia y advirtieron de que seguirán adelante.

El tira y afloja no cesa y, por el camino, el secesionismo ha encontrado una nuevo argumento para alimentar el victimismo. En su comparecencia tras la última reunión del Consejo de Gobierno catalán, antes de las vacaciones de agosto, el portavoz, Jordi Turull, argumentó que el Estado incurre en una «persecución preventiva e ideológica» al impugnar un procedimiento, el de lectura única, que existe en otros parlamentos, incluido el nacional. «Los catalanes no somos iguales ante la ley», adujo. «El brazo ejecutor del Gobierno se llama TC; podría tener su sede en Moncloa». En realidad, no es el procedimiento de urgencia en sí mismo lo que recurrió el Gobierno sino su nueva regulación, pensada, a su juicio, para acallar a la oposición. Si antes la cámara catalana exigía que una ley llevara la firma de todos los grupos para poder ser aprobada en un solo día y sin enmiendas, la reforma aprobada por los 71 diputados independentistas la semana pasada pretendía que pueda ser impulsada por una sola fuerza política con representación parlamentaria.

El caso es que, pese haberse tomado la molestia de hacer ese polémico cambio en la redacción del artículo 135.2 y pese a haber provocado la impugnación del presidente del Gobierno y un recurso de amparo de Ciudadanos y PP por vulneración de su derecho a la participación política en igualdad de condiciones, los secesionistas insisten en que todavía pueden aprobar las llamadas leyes para la desconexión, en particular la del referéndum, a tiempo para la fecha clave del 1 de octubre.

Plazos reducidos

El vicepresidente primero del Parlamento autonómico, Lluís Guinó, hizo hincapié así, en la Ser, en que la proposición de ley con la que la Generalitat pretende dar cobertura legal a la consulta independentista fue registrada por Junts pel Sí y la CUP «por la vía de urgencia extraordinaria, que no es propiamente el procedimiento de lectura única».

La declaración de urgencia, según el artículo 105 del reglamento, implica que se reduzcan a la mitad los plazos de tramitación ordinaria, pero éstos pueden reducirse todavía más si lo acuerda la Mesa, en la que los secesionistas son mayoría.

La diputada de la CUP, Mireia Boya, apuntó además a otro artículo, el 81.3, que permite introducir un nuevo punto en el orden del día «a propuesta del presidente, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros del Parlamento». «Cuando llegue el momento ya tomaremos la decisión para llevarlo adelante», dijo en una entrevista en Rac-1.

Antes de que eso ocurra, aún así, la Mesa de la Cámara tiene que decidir si admite a trámite la ley. Será a partir del 16 de agosto, cuando el Parlament retome su actividad tras el descanso estival. En el momento en el que lo haga, el Gobierno pedirá una vez más la actuación contra la presidenta Carme Forcadell, que ya tiene abiertas dos causas penales por autorizar tramitaciones impugnadas, y contra los otros miembros del órgano de gobierno parlamentario que la secunden.

Si finalmente la ley se aprobara, Rajoy también la recurrirá al Tribunal Constitucional.

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