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Jueves, 7 de septiembre 2017, 00:51
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La convocatoria del referéndum es ilegal e ilícita. El Ejecutivo catalán está sujeto a las normas, a la Constitución y a la ley. Y si hay dudas quien resuelve es una instancia jurisdiccional, en este caso el Tribunal Constitucional, que ha dicho que el referéndum no pasa el filtro de nuestro ordenamiento y no respeta la Carta Magna porque implica un ejercicio de soberanía que le corresponde al pueblo español. La consulta independentista carece de cobertura jurídica y no debe realizarse. Es una actuación gravísima que debe responderse con responsabilidad y con contundencia.
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