La Guardia Civil reconoce que no puede probar buena parte de la malversación del 1-O

Registro en septiembre en Tarrassa de una sede Unipost en busca de material del 1-O. :: LLUíS GENé / afp./
Registro en septiembre en Tarrassa de una sede Unipost en busca de material del 1-O. :: LLUíS GENé / afp.

Los agentes elevan a 1,9 millones el dinero público usado en el 'procés', pero admiten que solo tienen indicios del desvío de la décima parte

M. SÁIZ-PARDO / M. BALÍN

madrid. La polémica sobre la envergadura de la supuesta malversación durante el 'procés' crece. Ya no es solo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que asegura que el referéndum ilegal del 1-O no se pagó con dinero público. La Unidad de Policía Judicial de la VII zona de Cataluña de la Guardia Civil admite en un informe remitido al Tribunal Supremo que no tiene pruebas concluyentes para probar buena parte del presunto desfalco de fondos en la intentona secesionista de otoño.

El instituto armado, en un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y fechado el pasado 27 de marzo, no obstante, eleva en este último estudio de 1.602.001 euros a 1.915.067 la supuesta malversación. Pero acto seguido expresa sus dudas hasta terminar por admitir que sus investigadores solo tienen prueba documental de que la décima parte de esos casi dos millones salió del presupuesto de la Generalitat de Cataluña.

En su último informe, la Guardia Civil apunta a que la gran partida supuestamente malversada durante el 'procés' fueron 979.661 euros, más 651 euros de reparto, que presuntamente la Generalitat pagó por la elaboración de material electoral y su entrega a la empresa Unipost. Los investigadores recuerdan que en los registros en los departamentos de Cultura, Vicepresidencia, Salud, Trabajo y Presidencia se hallaron facturas exactamente por esas cifras.

«No se han registrado»

Pero el informe apunta a que esos supuestos desembolsos no habrían salido de las arcas públicas porque «no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas». Fuentes de la investigación señalaron ayer que era precisamente este dato al que se refería Montoro en la entrevista por la que el juez Llarena le ha pedido explicaciones. El informe revela también que Unipost intentó sin éxito en dos ocasiones cobrar al menos las facturas (con IVA) que giró contra la Consejería de Trabajo. En total, 238.965 euros que se quedaron sin pagar.

En la misma línea de duda, la Guardia Civil admite que los 61.870 euros de la cartelería, con el logo de la Generalitat, llamando a participar en el referéndum fueron pagados por Ómnium Cultural. Los investigadores apuntan a la posibilidad de que el Gobierno de Puigdemont pudiera haber desviado ese dinero a esa entidad soberanista, pero no aportan datos.

Parecido es el caso del acto a favor del referéndum del pasado 14 de julio en el Teatro Nacional de Cataluña. Fueron 17.690 euros. El contrato fue firmado por el consejero de la Presidencia Jordi Turull, pero, se apunta en el informe, fue pagado por el grupo parlamentario de Junts pel Sí. Los investigadores insinúan la posibilidad de que «este grupo pudo emplear dinero de subvenciones públicas para la presentación del refereréndum».

Las partidas malversadas que son acreditadas de forma fehaciente por la Guardia Civil en este último informe son poco más de la décima parte de los 1,9 millones. Las pruebas más consistentes salpican a la Consejería de Exteriores y a su exresponsable Raül Romeva. Diplocat, el pretendido Ministerio de Exteriores catalán abonó con cargo a sus arcas 119.700 euros a los supuestos observadores del 1-O (más la promesa de otros 47.365 euros adicionales, que no se sabe si se pagaron). A este importe, hay que sumar los 40.591 euros que el departamento de Romeva desembolsó en vuelo y hoteles para los observadores de The Hague Center for Strategic Studies.

Hay también indicios para sostener que la Generalitat camufló en partidas menores de material informático otros gastos del 1-O. La Guardia Civil avisa en el informe de que sigue investigando la malversación, aunque Llarena cerró la instrucción el 23 de marzo.

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