La Guardia Civil irrumpe en la Generalitat y en en el Parlament en busca de pruebas del 3%

Los agentes de la Guardia Civil abandonan ayer el Parlamento de Cataluña con el rostro tapado. :: marta garcía / efe/
Los agentes de la Guardia Civil abandonan ayer el Parlamento de Cataluña con el rostro tapado. :: marta garcía / efe

El consejero de la Presidencia se jacta de que detuvo a los agentes a las puertes de la sede del Gobierno catalán

CRISTIAN REINO BARCELONA.

El Palau de la Generalitat y la Cámara catalana fueron ayer escenario de algunas escenas que anticipan cómo podría ser el llamado choque de trenes. Las imágenes de la Guardia Civil entrando a las dos principales instituciones del autogobierno catalán fueron un avance de lo que podría ocurrir en los próximos meses, si el Gobierno catalán no se amilana y llega hasta el final en su intención de poner las urnas y el Ejecutivo central hace lo propio en su voluntad de impedir la votación. En esta ocasión, la Guardia Civi y la Fiscalía no irrumpieron en las instituciones por alguna querella relacionada con el proceso secesionista, sino por un caso de corrupción, el del 3%, que afecta a la antigua Convergència.

Los guardias y el fiscal anticorrupción, José Grinda, entraron en el Palau de la Generalitat, en la Cámara catalana, en la Consejería de Justicia y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ejecutivo catalán. La operación, ordenada por el juez instructor del caso del 3% en el Tribunal Superior de Cataluña, buscaba información sobre adjudicaciones irregulares practicadas por Germá Gordó durante su época como secretario general de la Presidencia, entre 2011 y 2013, cuando era mano derecha de Artur Mas.

Los investigadores llevan tiempo sobre la pista de las agendas electrónicas y del libro de visitas del exconsejero de Justicia, que el Gobierno catalán nunca ha entregado al juez con el argumento de que han desaparecido. Los investigadores cren que esa información podría comprometer al exdiputado de Junts pel Sí y confirmarle como pieza clave de la financiación ilegal de CDC y como el supuesto «conseguidor», según la versión de la Fiscalía, de las mordidas que habría cobrado Convergència de empresarios de la construcción. De ahí la importancia del libro de visitas, donde aparecerían las reuniones que mantuvo Gordó.

El investigado, que tras ser imputado renunció a la militancia del PDeCAT, declarará el próximo lunes ante el juez y ayer guardó silencio. Se limitó a escribir en Twitter: «Sin comentarios, cielo sereno».

La entrada (o semientrada) de la Guardia Civil en la sede del Ejecutivo autonómico se convirtió en un nuevo capítulo del duelo que libran los Gobiernos central y catalán. La operación, que tenía todo el simbolismo de los agentes irrumpiendo en los puntos claves de la política de Cataluña, sirvió para lanzar un aviso ahora que se acercan curvas en el proceso.

Escenografía

En el otro lado, casi lo mismo. En un primer momento, el Palau de la Generalitat presentó casi como una especie de «no pasarán» el hecho de que el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, «impidiera», según la versión de su departamento, el acceso de la Benemérita. Desde la Delegación del Gobierno precisaron que los agentes no tenían orden de registro y que si así hubiera sido nadie podía haber impedido su entrada. La Guardia Civil, aún así, accedió al Palau de la Generalitat y requirió al registro el libro de visitas y las actas de las reuniones de Gordó mientras fue secretario general del Gobierno. Los agentes no tuvieron un acceso libre al Palau de la Generalitat y tuvieron que esperar a que les dieran los documentos en una sala en el patio de las cocheras.

El Gobierno de Carles Puigdemont reaccionó con cautela y se impuso el silencio. Solo Turull sacó pecho y afirmó en las redes sociales: «Colaboración con la justicia, toda. Espectáculos y humillaciones en el Palau que desde hace seis siglos acoge la Generalitat, ni una». También el consejero de Cultura, Lluís Puig, comentó que en la Guardia Civil tenía «ganas de hacer una cierta escenografía» con sus entradas en las principales instituciones catalanas.

Desde las filas independentistas valoraron el gesto de Turull casi de forma heroica y la expresidenta de la Cámara catalana, Nuria de Gispert, criticó a Carme Forcadell por haber dejado entrar a los guardias al Parlamento autonómico, de donde salieron con copias de los correos electrónicos del despacho que Gordó tiene en el hemiciclo catalán. «Yo no les dejaría entrar. Turull les ha impedido el paso. Que entren en el Congreso, que tienen mucho más trabajo», comentó De Gispert.

Desde la oposición, vieron con «normalidad» la acción de la Guardia Civil y el PP acusó a Turull de «obstaculizar» a la justicia.

La CUP dio la nota extrema y comparó la operación con el golpe del 23-F. «Quieto todo el mundo», afirmó la diputada de la CUP, Mireia Boya, recordando al golpista Tejero cuando asaltó el Congreso.

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